El respaldo del Parlamento Europeo al primer texto del Acta de Accesibilidad para hacer accesibles teléfonos, cajeros, ordenadores, equipos de televisión o máquinas expendedoras es, sin duda, una buena noticia para las personas con discapacidad física o intelectual, o para las que tienen limitaciones funcionales temporales o permanentes. Pero la tozuda realidad hace que estos colectivos se tomen la noticia con precaución. Y la tozuda realidad tiene un nombre -el de
«En la campaña de Horizonte Accesible ya hemos recogido más de 300 quejas en la Comunitat Valenciana sobre bienes y servicios públicos o privados que aún no son accesibles -alertaba el presidente de Cermi, Carlos Laguna-. El tiempo de legislar se ha acabado y ahora viene el tiempo de denunciar». Laguna reconocía ayer que en los últimos meses, conforme se aproxima ese 4 de diciembre en el que todo ha de estar adaptado para todos, las administraciones empiezan a tomar iniciativas. «Pero, como siempre, llegamos tarde y ninguna administración ha hecho los deberes. Ahora muestran predisposición pero no han estado a la altura», asevera Laguna.
Javier Segura, presidente de Cocemfe CV, calificaba ayer la aprobación del primer texto de la Ley Europea de Accesibilidad como «un logro de las personas con discapacidad y una oportunidad para toda la sociedad». «Agradecemos esta ley y esperamos que empiece a caminar superando el resto de fases en el Parlamento Europeo con la máxima celeridad para hacer efectivos los derechos de nuestro colectivo, en la línea de garantizar el acceso a productos y servicios en igualdad de condiciones y oportunidades», subrayaba Segura.
Entre los beneficios del acta europea, el dirigente de Cocemfe destacó que «aportará criterios uniformes sobre accesibilidad, superado así las barreras creadas por la existencia de legislaciones diferentes en los países miembro», «garantizará el acceso a productos y servicios a las personas con discapacidad, tal como establece la legislación vigente», «creará nuevas oportunidades de mercado, abriéndolo a 80 millones de personas con discapacidad en Europa» y «habrá menos barreras en la educación y en el mercado de trabajo».
En cuanto a la aplicación de la legislación española y el probable incumplimiento de los plazos establecidos, Segura apuntaba que las personas con discapacidad «no obligamos a nadie a que el próximo de diciembre sea todo accesible. Pero ha habido un tiempo prudencial desde que se aprobara la ley para su aplicación. En estos años, hay que reconocer que se ha trabajado en este sentido».
