20 de septiembre de 2017
20.09.2017
Consecuencias del incendio

Los sindicatos denuncian a la conselleria ante la Inspección de Trabajo por el incendio en la Ciutat de la Justícia

"Desconocemos las causas del incendio y si las alarmas funcionaron", aseguran CSIF, Intersindical, CC OO y UGT - Mata (PSPV) defiende la gestión de la consellera Bravo y Podemos la considera "muy mejorable"

20.09.2017 | 11:31
Los sindicatos denuncian a la conselleria ante la Inspección de Trabajo por el incendio en la Ciutat de la Justícia

Cuatro de los sindicatos judiciales -CSIF, Intersindical, CC OO y UGT- han denunciado a la Dirección General de Justicia ante la Inspección de Trabajo por el incendio de la Ciutat de la Justícia que la ha mantenido cerrada durante ocho días.

En el escrito, al que ha tenido acceso Levante-EMV, los cuatro representantes sindicales piden a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que reclame a la Dirección General de Justicia la «comprobación sobre si los sistemas de alarma, al igual que todos los equipos de seguridad, han pasado sus revisiones obligatorias y periódicas de los sistemas contra incendios» porque «la situación actual es que desconocemos con exactitud la causa del incendio y si los sistemas de alarma funcionaron». CSIF, Intersindical, CC OO y UGT también quieren que la conselleria «nos indique si los boletines técnicos de revisión periódica de los sistemas eléctricos han sido llevados a cabo y sellados por Industria».

La demanda -presentada el 15 de septiembre- también exigía que «se proceda a una exhaustiva limpieza con profundidad para garantizar las condiciones de seguridad y salubridad de los trabajadores, profesionales y público que accede al edificio», además de «garantizar que los filtros de climatización del edificio están limpios, con el fin de evitar inhalación de sustancias tóxicas y la proliferación de colonias en conducciones».

La portavoz del PP en las Corts, María José Ferrer San Segundo también desveló ayer en rueda de prensa en las Corts que el director de gestión y el ingeniero de la Ciudad de la Justicia fueron trasladados al complejo administrativo Nou d´Octubre para dedicarse a «temas mayores como la nueva oficina judicial. Se ha puesto en peligro a 12.000-13.000 usuarios diarios. Lo mismo ocurre con la Ciudad de la Justicia de Castelló», según informaba la agencia Europa Press.

Una «negligencia que se traslada al funcionamiento de las alertas», continúa la diputada popular. «Antes se comprobaba el funcionamiento de las alarmas todas las semanas y ahora no porque ya no están allí las personas encargadas del funcionamiento. No es cierto que las alarmas funcionaran como dice ahora Bravo porque, si no, se hubieran escuchado», criticó.

Sobre todas estas cuestiones dará cuenta la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, el 26 de septiembre, en la Comisión de Justicia de las Corts. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, también aseguró sobre el incendio que «las medidas para poner en marcha lo antes posible el edificio de la Ciudad de la Justicia de València tras el incendio se ha hecho de forma coordinada con el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) valenciano».

Según el jefe del Consell, «todo el mundo habría querido que se reabriera antes, pero había problemas que afectaban a la salud de los trabajadores, que había que preservar» por lo que, explicó, «se han tomado las medidas oportunas para intentar poner en funcionamiento cuanto antes el edificio, destinado a una cosa tan importante como la justicia».

Tras la Junta de Portavoces en las Corts, el portavoz del PSPV-PSOE Manolo Mata destacó que la conselleria está resolviendo este asunto «de la mejor manera posible», en coordinación con la junta de gobierno del Tribunal Superior de Justicia, y que la gestión está siendo «correctísima».

La portavoz adjunta de Podemos Fabiola Meco también valoró la comparecencia de Bravo «ante el caos» que ha sido la gestión de este incidente porque la actuación de la Administración «ha dejado mucho que desear». Meco critica las «idas y venidas» en la apertura y cierre de los juzgados, la falta de un plan centralizado o la inseguridad jurídica a los profesionales. Para la diputada de Podemos, la situación «era y es preocupante» y tiene la sensación de que todo ha sido «demasiado improvisado» y que la gestión es «muy mejorable».

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