22 de septiembre de 2017
22.09.2017

El delito electoral salpica a Grau y al PP nacional

La prescripción de los delitos para las 17 empresas que financiaron al PP y para Luis Bárcenas obliga a citarlos sólo como testigos

22.09.2017 | 04:15
El delito electoral salpica a Grau y al PP nacional

El presunto dopaje electoral del PP en la ciudad de València en las elecciones de 2007 ha salpicado de lleno al exvicealcalde de València y director de aquella campaña electoral, Alfonso Grau. La mano derecha de Rita Barberá durante años declarará el próximo 6 de octubre por los presuntos delitos de malversación, cohecho y delito electoral. Y de refilón también ha salpicado a la actual tesorera del PP a nivel nacional, Carmen Navarro Fernández-Rodríguez, por las sospechas del juez del Caso Taula, Víctor Gómez Saval, de que el delito electoral también se cometió en 2011 (cuando Navarro ejercía de gerente del partido, en sustitución de Luís Bárcenas). Ambos tendrán que declarar los días 6 y 16 de octubre como investigados (antes imputados) por las supuestas trampas cometidas por el PP de València en las campañas electorales de 2007 y 2011.

Fuentes de la dirección nacional del PP consideran «un error» que se llame a declarar a Navarro porque «en 2007 no estaba en el partido». Y añaden que el caso Taula «se circunscribe al ámbito municipal y el PP nacional está al margen» por lo que el partido estudiará el auto y «emprenderá las acciones oportunas», según informaba anoche la Agencia Efe. El portavoz parlamentario del PP en el Congreso, Rafael Hernando, rechazó que la tesorera popular tenga que dejar su puesto.

Junto a Grau y Navarro también comparecerá como investigado el exconcejal Juan Eduardo Santón, director del Centro de Estrategias y Desarrollo (CEyD), sospechoso de financiar con fondos públicos, de manera ilegal, la campaña electoral de 2007, en la que la candidatura del PP -encabezada por Rita Barberá- declaró haber destinado 150.000 euros cuando, en realidad, se gastó 2,5 millones de euros. El exgerente provincial del PP desde 1994 hasta 2014 y exconcejal en Serra, José Antonio Moscardó Úbeda, que ya estaba imputado en esta causa por la campaña electoral de 2011, también deberá rendir cuentas por los presuntos hechos delictivos de 2007 el próximo 16 de octubre. La implicación de Moscardó Úbeda se debe a un documento manuscrito incorporado en la subpieza referida a Laterne del que se deduce, según el juez, que «pudo ser consciente, en su condición de gerente de la financiación ilícita de la campaña electoral del partido». El magistrado de Taula también sospecha que «pudo tener una conducta omisiva determinante y colaborativa en un posible falseamiento de las cuentas, que podría entroncar con los hechos ya imputados de 2011».

El auto comunicado ayer a las partes del «Caso Taula» también desvela que el juez quiere continuar indagando sobre el «modus operandi» de la financiación irregular del PP de València en 2011 a través de Trasgos Comunicación, la empresa fetiche del partido dirigido por Rita Barberá y que sustituyó a Laterne Product Council (la artífice de la campaña electoral de 2007) en la contienda electoral de 2011. Por ello el magistrado Víctor Gómez solicita a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que elabore «un informe complementario sobre analogías en la operativa informada en el anterior informe [sobre Laterne] con la concerniente a la empresa Trasgos, en la campaña electoral de 2011, debiéndose remitir el mismo a la mayor brevedad posible».

Las que se salvan de la comparecencia como investigadas en el Caso Taula son las 17 contratistas y empresas constructoras que aparecen como presuntas financiadoras de los gastos electorales del PP hace una década. Con toda probabilidad serán citadas como testigos porque, según el Código Penal vigente en 2007, las aportaciones monetarias que realizaron sólo se puede considerar un delito de cohecho que, en el caso de las 17 mercantiles, habría prescrito. Aunque al comparecer como testigos están obligados a decir la verdad.

En una situación similar se encuentra el extesorero del PP, Luís Bárcenas, que figuraba como administrador único de las candidaturas en las elecciones municipales de 2007. «En caso de que se considere recibirle declaración, deberá hacerla en calidad de testigo y no como investigado», advierte el magistrado Víctor Gómez.

El Código Penal vigente en 2007 también beneficia al Partido Popular (imputado como persona jurídica en la pieza del blanqueo de capitales o pitufeo) ya que la redacción anterior a 2010 «impide investigar la responsabilidad penal de ninguna empresa, asociación, fundación o partido político».

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