El juez del Caso Taula ha solicitado al Ayuntamiento de València las cuentas de las tres fundaciones públicas que, presuntamente, pagaron la campaña electoral de la candidatura encabezada por Rita Barberá en las elecciones de 2007.

La nueva petición de información surge a propuesta de la Fiscalía Anticorrupción que quiere indagar sobre el presupuesto público destinado por el equipo de gobierno del Partido Popular a Turismo Valencia Convention Boureau (TVCB), el Centro de Estrategias y Desarrollo (CyDE) y la Fundación para la innovación urbana y economía del conocimiento (Fivec), financiadas con fondos públicos del Ayuntamiento de València.

Estas tres instituciones públicas suscribieron contratos con la empresa de comunicación Laterne Product Council (LPC), a la que se investiga por recaudar fondos de manera ilegal para pagar la campaña electoral municipal de 2007, que también organizó. En estos comicios de 2007 el PP de la ciudad de València se gastó entre 2,5 y 2,6 millones de euros, a pesar de que sólo declaró haber invertido 150.000 euros, según la investigación realizada por el grupo de delitos contra la administración de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Las tres fundaciones municipales estaban controladas por el exvicealcalde y mano derecha de Rita Barberá, Alfonso Grau, quien llegó a autorizar personalmente algunos pagos. En el CyDE llegó a ejercer de director el exconcejal de Innovación, Juan Eduardo Santón, que deberá declarar como investigado en esta causa (ya lo había hecho como testigo ante la Guardia Civil), junto a Alfonso Grau el próximo 6 de octubre.

Estas medidas ya han sido recurridas ante el Juzgado de Instrucción 18 de València por el abogado de la concejala Beatriz Simón, Ignacio de Guzmán. Según el recurso, al que ha tenido acceso Levante-EMV, la defensa de la edila considera que «carece de sentido que los periodos cuya información se solicita sean, ni más ni menos, de 2006 a 2016» cuando las fechas mencionadas «en el informe UCO se circunscribía a las elecciones de 2007 con una horquilla temporal de análisis que iba de 2006 a 2008». Esta ampliación temporal confirma, según el letrado Ignacio de Guzmán, «la condición prospectiva de las diligencias que el Ministerio Público propone y -de manera autómata- se acuerdan por el Juzgado», según alega en el recurso de reforma presentado ayer.