La reciente revelación de la existencia de dos informes elaborados por parte de la Abogacía y de Intervención de la Generalitat Valenciana, que desvelaban la existencia de irregularidades en el concurso elaborado por la Conselleria de Sanidad, ha sacado a la luz una guerra de informes y contrainformes que añaden incertidumbre a una situación ya de por sí repleta de dudas.

El orden cronológico de los documentos expedidos por las diferentes entidades públicas nos sitúa en un escenario de cruce de valoraciones que arranca con el dictamen del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana que, excepto por algunos defectos de forma y solicitando la «esencial» corrección del apartado referido al sistema de modalidades de pago de los acuerdos de acción concertada, avala la adecuación jurídica del proyecto de Sanidad por el que se regula la Acción Concertada para la Asistencia sanitaria Integral Oncológica.

A esta resolución, fechada el 22 de febrero de este año, es a la que se acoge el departamento de la consellera Carmen Montón para mantener la legalidad del concurso presentado y sostiene que se han ajustado a las premisas que fija la reciente normativa de contratación y jurisprudencia europeas respecto a la organización para prestar servicios no económicos de interés general, donde se admite la colaboración con entidades sin ánimo de lucro.

Desde Sanidad insisten en que esta convocatoria «cumple los requisitos de la ley valenciana y la directiva europea en la que se inspira».

Por otra parte, la Abogacía de la Generalitat expidió un informe el 22 de mayo en el que señalaba irregularidades estructurales en las condiciones del concurso y hace hincapié, entre otros aspectos, en que el centro concertado no va a tener una «auténtica libertad de elección de los pacientes» que va a tratar y que los departamentos públicos de salud serán los encargados de «filtrar» a los usuarios del servicio sanitario.

Según explican fuentes de Sanidad, las observaciones de este informe fueron contempladas y tomadas en cuenta para la redacción de la convocatoria final del concurso que se publicó en el DOGV el 12 de junio.

Pero el cruce de documentos no queda aquí, sino que Intervención de la Generalitat también emitió un informe en el mes de julio en el que de nuevo se denuncia que Sanidad proponga un tipo de concurso que no es el más adecuado a esta situación y que plantee unas acciones por su parte que más bien se referirían a «un contrato y no a una acción concertada» que es, en principio, lo que se ha pretendido llevar a cabo desde conselleria.