La falta de vigilancia desde hace casi dos años en la central de alarmas ubicada en el sótano de la Ciutat de la Justícia, tal como adelantó ayer en exclusiva Levante-EMV, parece no ser la única brecha en la seguridad del edificio. Según ha podido saber este diario de fuentes de toda solvencia, más de la mitad de las cámaras, tanto interiores como exteriores, no funcionan desde hace muchos meses. Y lo peor: las pocas que funcionan no graban desde hace bastante más de un año, simplemente porque el sistema de grabación se averió y nadie se ocupó de arreglarlo.
Entre otras consecuencias, esa situación ha hecho imposible identificar, por ejemplo, a algunos sospechosos a los que la Policía Nacional o la propia Guardia Civil necesitaban poner nombre y apellidos dentro de varias investigaciones, algunas de ellas, de trascendencia.
Según el informe elaborado por la Guardia Civil -responsable de la seguridad de la Ciutat de la Justícia desde 2002, tras la firma del convenio de colaboración entre la Generalitat y el instituto armado- tras el incendio del pasado día 10 a petición de la propia Conselleria de Justicia, los distintos responsables del Cuerpo enviaron hasta cuatro informes denunciando las deficiencias de seguridad en el edificio en el último año y medio.
El primero, que data de febrero de 2016 y fue enviado a la directora general de Justicia y al decano de los jueces, afirma el informe, ya incorporaba un listado con «deficiencias en el circuito cerrado de cámaras de televisión». A día de hoy, continúan fundidos en negro más de la mitad de los monitores que alberga la sala de vigilancia de las cámaras.
«La mayoría, porque no funcionan las propias cámaras. Se han estropeado y nadie las ha sustituido ni arreglado, pero también hay otras pantallas que no van porque están averiadas y no recogen imágenes. Son equipos muy obsoletos, hasta el punto de que muy pocas dan imágenes nítidas y la mayoría han perdido el color y se ven sólo en blanco y negro», explica una fuente que conoce los aparatos.
Sin imagen de la puerta principal
Una de las cámaras que no funciona es precisamente la de la puerta principal de acceso a la Ciutat de la Justícia, por la que entran y salen cada día centenares de personas. Eso sí, las que registran los movimientos en el control de acceso interior funcionan perfectamente, así como la que controla el acceso al párking subterráneo. Pero, claro, tampoco graban porque nadie ha reparado el aparato de registro y almacenamiento de imágenes.
Siete meses después de aquel primer informe, la Guardia Civil envió un segundo escrito, esta vez sólo al decano de los jueces, dando a conocer la existencia de «averías en las cámaras de seguridad». Y en abril de este año, una tercera queja venía a reclamar «reformas en las dependencias de la Guardia Civil» ante «la necesidad de contar con una sala de monitores que centralice toda la información de elementos ópticos y acústicos de vigilancia y alarmas».
Es decir, pedían que se tirase el tabique que separa actualmente el cuarto que alberga la central de alarmas -convertida en trastero del personal de mantenimiento y en la que no hay ningún guardia civil vigilando desde hace casi dos años- y el que contiene los monitores de las cámaras de seguridad, donde sí hay vigilancia, salvo en los periodos vacacionales, cuando el agente destinado a esa tarea debe reforzar el control de accesos al edificio debido a la reducción de la plantilla de agentes, tal como informó ayer este periódico.
Esa falta de vigilancia, que ha aflorado a raíz del incendio, se verá solventada en breve. Así, según fuentes de la Conselleria de Justicia, antes de dos meses se pondrá en marcha la sala conjunta exigida por la Guardia Civil, lo que permitirá controlar pantallas y alarmas en un sólo centro operativo, enmendando así una de las deficiencias detectadas.
Sin bolardos en plena alerta 4
El 6 de julio pasado, cinco semanas antes de los atentados de Barcelona y Cambrils, la Guardia Civil envió un correo a la gerente de la Ciutat de la Justícia, según el informe elaborado ahora por el instituto armado, en el que solicitaba «medidas físicas de seguridad en el perímetro exterior del edificio en evitación de un posible atentado terrorista, ante la amenaza yihadista y la situación de alerta 4 en la que se encuentra el país».
En otras palabras, la Guardia Civil pedía a la gerente que colocase bolardos o maceteros de gran tamaño, sobre todo en el acceso principal al edificio, el más vulnerable ante un eventual ataque terrorista con vehículos de grandes dimensiones que buscase atropellos masivos o embestir el inmueble con potentes cargas explosivas. Más o menos lo que sucedió en Cataluña.
Al parecer, es la única vez que la Guardia Civil ha pedido esas medidas de seguridad en la Ciutat, pese a que el nivel de alerta 4 lleva instaurado en España desde junio de 2015, hace ya más de dos años.
