La consellera de Sanidad, Carmen Montón y, desde ayer el propio presidente de la Generalitat, Ximo Puig, están intentando convencer a los patronos «díscolos» que apoyaron el no al acuerdo de acción concertada para renovar la colaboración con el IVO yendo un poco más allá de la literalidad de los pliegos de condiciones.
Sin entrar en la modificación pura y dura del articulado, la consellera sí dio los «detalles» de cómo se iba a desarrollar en la práctica el artículo 5.1 del Anexo III, en el que se explicita cómo llegarán los pacientes al IVO tras la retirada de la libre elección.
Según los pliegos -y acatando el decreto firmado en 2015 por Manuel Llombart- el acceso de los pacientes de la pública al IVO será, siempre, por «remisión previa» desde los departamentos de salud, lo que garantiza un control tanto sobre las historias clínicas que se remiten como sobre el coste, dos conceptos sobre los que, con convenios previos no había supervisión pública.
Según se dijo en la reunión que mantuvo Montón con el presidente del patronato del IVO, Antonio Llombart, (y ha quedado reflejado en el acta que levantó el presidente de la fundación del encuentro y a la que ha tenido acceso este diario) en la práctica la conselleria abría la vía de entrada «de modo directo» a los usuarios «por solicitud propia».
La conselleria se ponía un plazo máximo de 48 horas para responder a esta solicitud. Como garantía ulterior y en aras de la rapidez para el paciente, entraría la posibilidad de que el silencio administrativo en este plazo de 48 horas se interpretara siempre de forma positiva en favor del IVO.
Por otra parte, otro de los puntos en los que Montón incidió durante su reunión en que el importe «máximo» total por el que se adjudicaba el concurso (161,34 millones de euros a razón de 53,78 millones anuales) era, tal como sí viene recogido en los pliegos «un valor estimado» que tiene «carácter orientativo y no vinculante», según se dice en el artículo 8 del Anexo I por lo que los ingresos reales del IVO si se mantiene la colaboración pública podrían seguir manteniéndose en niveles más cercanos a los de años anteriores, todavía con concierto con la pública y que, habitualmente llegaban a los 60 millones de euros. En este sentido, la conselleria no buscaría tanto recortar directamente en la asistencia oncológica que presta el IVO como garantizarse un mayor control.
Las sombras de no firmar
El acta levantada por Llombart recoge las luces proyectadas por la consellera, pero también las sombras. De esta forma, en el relato de los hechos del presidente, el único patrono que asistió, se asegura que también se pusieron sobre la mesa los «contras» de no firmar como el no poder recibir pacientes nuevos desde la pública o un panorama de «retrasos importantes» en el cobro de las facturas por aquellos pacientes que ya están siendo tratados por el control al que se iban a someter al estar fuera de presupuesto.
Además, se auguraba que el IVO iba a tener difícil conseguir contratos si la conselleria tuviera que recurrir a concursos públicos abiertos para contratar servicios oncológicos de forma puntual. Esta sería la única vía de relación con el IVO si no hay concierto, pero la técnica de adjudicar a la baja y la competencia de precios de los agentes sanitarios privados pondrían difícil mantenerla.
