El Consell ha decidido suavizar las trabas que hasta ahora tenían los graduados en una carrera universitaria frente a los antiguos licenciados para aspirar a una plaza funcionarial del máximo nivel, es decir, del grupo A1. La Ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat de 2018 ha atendido una vieja reivindicación de los sindicatos, así como del propio colectivo afectado, al contener la eliminación del requisito de máster para acceder a las plazas más alta del escalafón funcionarial.
La liberación, eso sí, no es absoluta pero prácticamente queda reducida a los puestos de administración especial, aquellos en los que se pide haber cursado estudios superiores de ingenierías, medicina, farmacia, biología o ciencias ambientales.
En estos casos, aquellas personas que ya cursaron sus estudios dentro del Plan Bolonia y por lo tanto hicieron un grado de cuatro años frente a las antiguas licenciaturas (cinco años) seguirán teniendo la obligación de añadir a sus estudios un master específico como requisito previo a optar a una plaza.
El resto, sin embargo, quedará exento. De esta manera, la Generalitat equipara a los licenciados con los graduados y pone fin a lo que los sindicatos siempre han considerado una discriminación.
La distinción entre licenciatura y grado quedó plasmada en la Ley de la función pública de 2010 aprobada bajo mandato del Consell del PP. En principio, se buscaba evitar agravios comparativos, de tal manera que se premiara una carrera de cinco años frente a otra de cuatro.
Con el tiempo, sin embargo, el colectivo agraviado ha acabado siendo la nueva generación de graduados, que eran equiparados a los antiguos diplomados y debían conformarse con el segundo nivel funcionarial: el antiguo grupo B o el actual A2, con menos responsabilidades y retribuciones. Para romper este techo, debían cursar un master y, por su supuesto, desembolsar el dinero correspondiente (entre 2.000 y 2500 euros, según los casos).
Permiso pagado por embarazo
Acabar con una situación que también podría considerase corporativista forma parte de los acuerdos alcanzados el pasado mes de julio entre sindicatos y la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas. Esta tiene en barbecho su nueva ley de empleo público, pero en tanto se aprueba, el departamento de Bravo ha optado por introducir este cambio legal a través de la ley de acompañamiento de los presupuestos. También se recoge el acuerdo (ya en vigor) para que las funcionarias embarazadas puedan cogerse un permiso retribuido en la semana 37 del embarazo.
