La presidenta del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Isabel Bonig, pidió ayer a Ximo Puig «claridad» y «no poner al mismo nivel a unos y otros». Bonig lamentó las palabras del presidente de la Generalitat «equiparando» al presidente del Ejecutivo central, Mariano Rajoy, y al president de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont.

«Puig es el presidente de todos los valencianos y no puede meter en el mismo saco a quien cumple la ley y a quien la incumple, a quien vela por la legalidad y el Estado de Derecho y a quien es un golpista secesionista que se salta las normas a su antojo». El secretario general del Partido Popular de Alicante, Eduardo Dolón, fue un paso más allá y conminó al Puig a «elegir entre el Estatuto de Autonomía o la independencia».

El dirigente de los populares alicantinos consideró que «es el momento de que las fuerzas constitucionalistas unan fuerzas en torno a las leyes fundamentales».

Por su parte, el portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, instó al presidente Rajoy a «tomar decisiones» ante lo que está sucediendo en Cataluña y le recomendó que, si no se ve «capaz» de actuar, recurra a mediadores internacionales «o a lo que sea». Esa mediación es la que ha pedido también el presidente catalán, Carles Puigdemont. El alcalde de València, Joan Ribó apeló a «buscar una solución española en la cual todos los pueblos de un país, es el más plural de Europa, estén cómodos».

Los políticos no fueron los únicos que ayer se pronunciaron sobre la cuestión. El cocinero catalán Ferran Adrià se mostró en la línea del Govern y exigió a la Unión Europea que medie. Defendió en València que se elija a «ocho o diez personas de países diferentes» y que «medien en este problema» para lograr una salida.

Por su parte, el Gran Canciller de la Universidad Cardenal Herrera CEU (UCH-CEU), Carlos Romero, instó a la Generalitat de Cataluña a «abandonar la deriva rupturista y acatar el orden constitucional, garantía de la soberanía nacional y de la unidad territorial». En contraposición, el Consell General de la Xarxa Vives de universidades, formada por 22 de Cataluña, Comunitat Valenciana, Islas Baleares, Sur de Francia, Andorra y Cerdeña, pidió «diálogo político dentro de la legalidad».

En la línea del diálogo se mostró también Salvador Navarro, presidente de la patronal valenciana (CEV). Reclamó «diálogo con legalidad», porque «no queda bien que los empresarios nos la saltemos».