El más de millar de policías nacionales que la Jefatura Superior de Policía ha enviado a Cataluña ante el desafío soberanista han empezado a denunciar a través de redes sociales y otros medios la situación de acoso por parte de grupos soberanistas, que viene a agravar la sensación de abandono por parte del Estado por su falta de reacción ante las situaciones que se repiten desde hace semanas y que se han agravado desde el 1-O. Desde intentos de desalojarlos de los hoteles, a incidentes en establecimientos públicos donde se les niega la entrada, pasando por la «inmovilización» en esos alojamientos o en algunas comisarías por grupos concentrados a la puerta.
El lunes, al día siguiente del referéndum, dos hoteles de Pineda de Mar (Barcelona) donde había alojados policías llegados de Alicante fueron «invitados» a irse antes de las 16.00 horas de ayer, martes, tras haber sido amenazados por «representantes del ayuntamiento», según un escrito firmado por el gerente de los dos establecimientos, con «cerrarles el hotel por cinco años».
Los agentes vivieron momentos de tensión porque el hotel estaba rodeado el lunes por la noche por cientos de independentistas y la presencia de patrullas de los Mossos no sólo no les tranquilizó sino que tuvieron que aguantar peinetas e insultos mientras los policías autonómicos se besaban el escudo.
Uno de los policías considera que el Estado «nos ha vendido y dejado tirados, a nosotros, la Policía, y sobre todo a los ciudadanos que durante todos estos días se nos han acercado a darnos las gracias en voz baja con temor a ser sorprendidos».
Al parecer, el gerente de ambos hoteles recibió el lunes por la noche la visita del jefe de la Policía Local y del primer teniente de alcalde de Pineda de Mar para «coaccionarles» para que desalojasen al contingente de policías nacionales. Tras esa visita, el responsable entregó a los agentes un breve escrito donde recogía esa invitación a irse.
Aunque Interior conocía esa situación desde el lunes por la noche, el presidente del Gobierno no reaccionó hasta que se hizo público en los medios de comunicación. Entonces, ordenó a la Policía Nacional y a la Guardia Civil destacada en Cataluña que no abandonasen ninguno de los hoteles contratados.
Desde el primer momento, el Ministerio del Interior ha hecho gala de una buena dosis de improvisación con el envío de refuerzos policiales a Cataluña. Como ejemplo, un botón: a los primeros 22 agentes de Policía Judicial y de Información enviados desde la Jefatura Superior de Policía de València se les adelantó 48 horas el viaje a Cataluña. Así, tenían prevista su salida el lunes, 18 de septiembre, pero fueron avisados el viernes al mediodía para irse sólo una hora más tarde casi con lo puesto.
A esos primeros contingentes ni siquiera se les buscó alojamiento, por lo que tuvieron que ir a la aventura, lo que acabaría desembocando en el alquiler de dos cruceros para albergar a los antidisturbios -el polémico ferry de los Looney Tunes en Barcelona- y a los integrantes de las unidades de prevención y respuesta (UPR) -un barco italiano de pasajeros en Tarragona-. El resto de policías -policía judicial, información o extranjería-han tenido que buscarse y pactar precio en distintos hoteles.
El 80 % de las dietas
La falta de planificación ha sido tal, que, 17 días después de que se fueran los primeros efectivos desde València y Alicante, los agentes siguen sin saber cuánto se les va a pagar en dietas diarias y si percibirán la cantidad total de lo gastado o sólo el 80 por ciento.
Es más, cada policía recibió un anticipo de 600 euros para cubrir todos los gastos -alojamiento, manutención, combustible para los vehículos y cualquier otra necesidad-, por lo que algunos de los que llevan más tiempo (cerca de tres semanas) ya han tenido que empezar a hacer uso de su propio dinero o pactar un aplazamiento del pago en los lugares donde están alojados.
En principio, y dado el cariz que ha tomado la situación, no está previsto que esos agentes vuelvan, aunque se baraja su relevo.
