La Fiscalía de Alicante ha aplazado cualquier decisión sobre una segunda imputación al alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, hasta el momento en que reciba la documentación solicitada al Ayuntamiento sobre el despido de la cuñada del portavoz del PP, Luis Barcala. El asunto se trató ayer por la mañana en una junta celebrada entre los coordinadores del Ministerio Público para unificar criterios entre los distintos asuntos judiciales, tal como adelantó este diario.

El fiscal que investiga el despido de la cuñada del portavoz del PP planteó a sus compañeros si Echávarri debía ser citado en la Fiscalía en calidad de investigado para declarar por estos hechos o si debía presentarse la denuncia directamente en el juzgado y que declarara allí. El primer supuesto implicaría que Echávarri tuviera que ser interrogado dos veces por los mismos hechos. Por este motivo, todo apunta a que, en el caso de que se optara por enviar la denuncia al juzgado, se optaría por la segunda opción.

Según manifestó al término de la junta el fiscal jefe, Jorge Rabasa, es pronto para pronunciarse sobre esta cuestión, puesto que aún están pendientes de recibir por parte del Ayuntamiento informes sobre la situación laboral de Catalina Rodríguez, así como otro sobre otros funcionarios interinos. Recibida esa documentación, se tomará la decisión.

Los hechos fueron denunciados por los dirigentes vecinales José Luis Valdés y José María Hernández Mata. El despido se produjo a los pocos días de la denuncia de Barcala por irregularidades en contratos de la concejalía de Comercio, hechos por los que Echávarri declara hoy en el juzgado. Los representantes vecinales lo consideraban una presunta prevaricación ya que el alcalde confirmó que conocía que había una situación ilegal sobre la situación de los interinos del Ayuntamiento. De hecho, sólo fue despedida una persona, Catalina Rodríguez.