La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto al archivo de la investigación del Caso Taulacontra los gerentes provinciales del Partido Popular en 2011 y 2015, José Antonio Moscardó Úbeda y Montserrat Tello, respectivamente.
Existen demasiadas contradicciones entre las declaraciones de todos los imputados como para acordar el sobreseimiento y, además, está pendiente la declaración de la actual tesorera del PP nacional, Carmen Navarro, el próximo 16 de octubre.
Pero además, el Ministerio Público recuerda que, además de las contradicciones entre los gerentes provinciales y la secretaria del grupo municipal popular de València, Mari Carmen García Fuster, el partido ya ha sido investigado por un presunto delito electoral en otra causa.
«Las especiales circunstancias de un municipio como València, donde en el año 2011 se abrió una causa especial en el Tribunal Superior de Justicia por, entre otros, un delito electoral atribuido a los administradores electorales del PP determinaba otra actuación seria y determinante sobre los hechos, por lo que no es suficiente la alegación de no conocerlos o de que hay muchos municipios en España», señala el Fiscal Anticorrupción del Caso Taula en su escrito, en referencia al argumento esgrimido por el PP de que «existen 8.000 municipios en España y es muy difícil controlarlos a todos».
Al respecto, el magistrado del Caso Taula ha admitido las alegaciones del Ministerio Público y de la acusación popular -que ejerce el Ayuntamiento de València- y ha decidido mantener como investigados tanto a Moscardó Úbeda como Tello.
Al menos, explica el juez Víctor Gómez, hasta que finalicen las declaraciones previstas en la pieza judicial del pitufeo, ampliada a un delito electoral continuado y malversación de fondos tras aportarse a la causa la documentación que conservaba un asesor de Alfonso Grau sobre la empresa de comunicación, Laterne Product Council, que presuntamente recaudó dinero en negro para el PP en 2007.
