La empresa Valmor Sport SL era quien, oficialmente, organizaba los cinco Grandes Premios de Fórmula 1 celebrados en València entre 2008 y 2012. Aunque en realidad, como ha demostrado la investigación de la Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado de Instrucción número 2 de València, quien estructuró y pagó los centenares de contratos necesarios para que rodaran los bólidos en el cap i casal fueron dos empresas públicas: el Circuit del Motor i Promoció Deportiva SA y la Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana (SPTCV). Dos empresas públicas que, por tanto, están sujetas a la Ley de contratos de las administraciones públicas. Ambas debían de cumplir unos requisitos mínimos legales que, según ha constatado la Unidad de delincuencia económica y fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, se saltaron a la torera durante los cinco años que duró la prueba.
«Los expedientes de contratación analizados ponen de manifiesto el incumplimiento de los principios de publicidad, concurrencia, objetividad y transparencia en la gestión de los fondos que rigen la contratación pública», señalan los agentes de la UDEF. El análisis de los 105.000 correos recuperados por la policía ha permitido descubrir que «se produjo una concertación entre el adjudicatario [las empresas contratadas] y el órgano adjudicador [Circuit del Motor] ex-ante o ex-post al acuerdo de adjudicación, generándose un expediente "ad hoc" para dar apariencia ante el exterior del cumplimiento de la normativa de contratación pública en caso de fiscalización por parte del órgano de intervención».
Esta «apariencia» de legalidad se materializó a través de concursos paripé que recurrieron al catálogo de estrategias habituales de los casos de corrupción investigados en los últimos años. La cocina de estos amaños con apariencia de contratos se repartía entre Circuit del Motor y Valmor Sport, según ha la información recopilada por la UDEF en el último año.
Adjudicaciones decididas
Es el caso del servicio de megafonía para las carreras. La técnica jurídica de Circuit del Motor, Desamparados del Valle, reclama por correo el 3 de julio de 2008 a un trabajador de Valmor que le remita las tres ofertas que iban a recabar para decidir el concurso «aunque el adjudicatario es Ruibesa». Durante la tramitación, la asesora jurídica del Circuit detecta que dos informes «son iguales» pero, ante la falta de tiempo, zanja la cuestión con resolución. «Si piden alguna variación ya los tuneo yo», asegura.
Otro ejemplo. En el contrato de servicios de equipos Tetra, la misma técnica jurídica del Circuit alerta al mismo trabajador de Valmor que la valoración técnica sobre la adjudicación a Security & Telecom System SL es correcto pero «hay que cambiar la fecha, ya que no pueden iniciar los trabajos en diciembre, cuando la invitación de la oferta [para optar al concurso] es del 2 de junio y se les adjudicó el 10 de junio».
El listado de irregularidades sigue con las 275 pantallas de plasma contratadas para retransmitir las carreras en el mismo circuito. Dos de las empresas protagonistas ya son conocidas porque también han sido investigadas por su participación en los contratos amañados de la visita del Papa, pendiente de juicio en la Audiencia Nacional. El responsable de una de ellas, Avega, declara ante la Fiscalía que el expediente de contratación aportado por Circuit hay una fecha falsificada. Y que cuando fue a realizar «los preparativos para la instalación, observé que el estudio del circuito ya lo tenía hecho Javier Perujo, de la empresa Impacto Producciones, que tenía conocimiento de todo con antelación, por lo que tuve que subcontratar con Perujo la mitad del circuito a la que yo no podía llegar». Impacto Producciones fue una de las tres empresas que se presentó al concurso paripé organizado para el suministro de pantallas.
