Doce instituciones, encabezadas por la CEOE, han firmado un pacto en defensa de la sanidad privada para reforzar su imagen, que se le reconozca como una parte «imprescindible e intrínseca» para la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) y para que se la deje de «denigrar» y «criminalizar».
Este es el objetivo del pacto rubricado que pretende que se reconozca «de facto» a la sanidad privada como parte del SNS. Entre los firmantes del pacto está la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), la Fundación Idis, las Organización Médica Colegial y la Alianza General de Pacientes además de la empresa Ribera Salud, gestora de cuatro de los cinco departamentos de salud de la Comunitat Valenciana bajo gestión privada. La empresa está a punto de perder el control del área de Alzira, la primera que se sacó a gestión privada, ya que Sanidad ha decidido no renovar el contrato de 15 años que expira en 2018.
Precisamente su director general, Alberto de Rosa, pidió ayer a los gobiernos autonómicos, especialmente al de la Generalitat Valenciana, que tomen decisiones de forma «responsable y con datos objetivos, sin ideas preconcebidas porque crean inseguridad jurídica».
Según De Rosa, el Gobierno valenciano no ha tenido en cuenta un informe que encargó al Síndic de Copmtes sobre las concesiones, que apunta a que su coste es un 25 % menor que el de los hospitales de gestión directa, que las listas de espera son inferiores a la media y que la satisfacción de los ciudadanos es mayor.
Ribera Salud, junto a ASPE, ya se movilizó hace unos meses para solicitar a la Defensora del Pueblo que pidiera la inconstitucionalidad de la nueva ley de acción concertada gracias a la que Sanidad está concertando servicios solo con entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro. «Nada justifica este conflicto respecto al cuestionamiento de la colaboración público-privada en la sanidad», concluye el documento.
