La Fiscalía de Menores de València está tomando declaración en calidad de testigos a varios trabajadores del hospital de Alzira -gestionado por la UTE Ribera Salud II- en relación con las pruebas adicionales a las que fueron sometidos 19 bebés por un neurofisiólogo del centro sin conocimiento ni autorización de los padres.
La toma de declaraciones entre el personal forma parte de la investigación abierta por la Fiscalía de Menores a finales de junio tras recibir una denuncia de la Conselleria de Sanidad en la que alertaban de la realización de estas pruebas mientras los niños estaban sedados en el servicio de Neurofisiología, al que eran remitidos para comprobar su capacidad auditiva.
Según la denuncia de Sanidad (y que se presentó tras tres meses de investigación interna de lo sucedido) al menos 19 pequeños fueron sometidos a la electroestimulación de varios nervios, el frénico que controla el diafragma entre ellos, aunque también otros nervios motores como pueden ser el que controla el túnel carpiano, el cubital, radial o tibial.
Estas pruebas se practicaban aprovechando que los niños habían sido sedados para el llamado test de potenciales evocados, en el que se mide si los pequeños tienen problemas de oído. Estas estimulaciones nerviosas ni estaban incluidas en la autorización que los padres firmaban previamente a la sedación ni se les informó sobre ello, según denunciaron en su día varios de los padres implicados.
Todos los niños fueron atendidos por el mismo neurofisiólogo que registró en gráficas los resultados de estas electroestimulaciones que, sin embargo, no aparecen en los historiales clínicos de los niños ni fueron solicitadas expresamente por los médicos, según denunciaron en junio varios de los padres implicados tras enterarse de lo sucedido por una carta remitida por la administración sanitaria.
El neurofisiólogo no ha declarado
Fuentes de la Fiscalía de Menores confirmaron que ya se ha tomado declaración a varios testigos entre septiembre y octubre, entre ellos trabajadores del Servicio de Neurofisiología del Hospital de Alzira donde se hicieron estas pruebas sin permiso paterno. En principio, el especialista que las realizó, y que fue amonestado por ello por el hospital y sancionado por la Conselleria de Sanidad, no ha sido llamado a declarar aunque no se descarta su comparecencia.
El especialista ya dio su versión de los hechos a los inspectores de Buenas Prácticas de la Conselleria de Sanidad que realizaron una investigación de lo sucedido y que sirvió de base a la denuncia presentada por Sanidad a la Fiscalía de Menores. En su día, desde el hospital de Alzira se reconoció la realización de estas pruebas aunque aseguraron que eran «inocuas, inofensivas y no invasivas» e hicieron hincapié en que no había existido «riesgo ni daño alguno» para los niños.
La carta remitida por Sanidad a los padres en mayo para informarles de lo sucedido también tranquilizó a los padres en ese sentido ya que en ella se asegura que «no hay constancia de que dichas pruebas adicionales hayan causado daño o hayan tenido efectos secundarios», una de las preocupaciones de las familias al enterarse.
Según la explicación dada por la gestora del hospital, la unión de empresa Ribera Salud II, la falta de un consentimiento informado de los padres se debía a «una errónea interpretación administrativa» del médico que consideró que «con la autorización» de la primera prueba «cumplía con los trámites administrativos».
La empresa también justificó en su día que las pruebas, pese a no haber sido prescritas explícitamente se hicieron «de buena fe y con un fin médico para descartar patologías nerviosas», aunque los padres han venido criticando que, de ser así, deberían haberse registrado los resultados en los historiales clínicos de los pequeños.
