Lissy tiene tres hijos de 3, 8 y 10 años. Lo que no tiene es vivienda. Hace dos años alquiló un piso en València, en la zona donde sus pequeños van al colegio. La vivienda social que había solicitado a la Conselleria de Vivienda -mediante la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE)- no llegaba (ni ha llegado) así que conoció a una mujer que le ofreció un piso con contrato de alquiler.
Pero fue víctima de una estafa ya que el piso no era propiedad de quien ella pensaba (con quien firmó el contrato y a quien le pagó 800 euros) sino de un banco que, para recuperar el inmueble, la acusa de usurpación. La presunta propietaria cobró el dinero y desapareció.
El juicio -en el que hay varios acusados o «víctimas» de la estafa en cuestión- se celebró ayer en la Ciudad de la Justicia y Lissy no acudió sola. La Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) Valencia, ataviada con su pancarta y con sus camisetas, acudió a la cita en aras de que el juez entienda que la solución para esta mujer no puede ser «dejarla en la calle con tres menores» mientras «siguen existiendo viviendas vacías propiedad de los bancos y varias leyes, normativas y recomendaciones que instan a no ejecutar desahucio alguno cuando éste conduce a la exclusión social». Y es que eso es lo que le espera a Lissy si se queda, de la noche a la mañana, en la calle con tres niños.
«Si los bancos instan el procedimiento por vía civil, desgraciadamente, conforme está el Código Civil, el banco presenta el título de propiedad y el proceso suele acabar en desahucio. Estamos hartos de que cada día se produzcan más lanzamientos. Nos parece vergonzosa la situación actual. En este momento, aparte de los desahucios que se han producido desde 2007, que pasan de los 500.000, está habiendo desahucios a familias que no puede pagar el alquilar y a gente que son deudores de buena fe, que no tienen donde meterse porque, desgraciadamente, no tenemos viviendas sociales. Pero hay miles de viviendas vacías y de la Sareb», explicó ayer el portavoz de PAH Valencia, José Luis González.
Pero González dio un paso más en su explicación: «Tenemos un marco normativo, que es el Código Penal, el Código Civil, la Ley de Enjuiciamiento Civil, la ley hipotecaria, que deja a la gente sin vivienda, en la calle, sin nada, con aplicación automática. Pero por otra parte, tenemos otras normativas como la Constitución Española, la ley 2/2017 por la Función Social de la Vivienda - que está a punto de entrar en vigor- aunque el PP ya ha anunciado recursos de anticonstitucionalidad- y el convenio del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que también prohibe los desahucios. Tenemos, incluso, una condena de la ONU al Gobierno español -mediante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales- por no garantizar vivienda alternativa a una familia desahuciada. Por eso pedimos a los jueces que no solo apliquen la normativa práctica sino también todos los tratados internacionales, las normativas autonómicas y los convenios firmados para evitar que la gente se quede sin un techo donde vivir, sobre todo cuando no hay alternativa habitacional pública. Y le decimos a Bankia que ya está bien de tener pisos vacíos. La PAH se ofrece en este acto como mediadora entre Bankia y los afectados para que no haya desahucios como el de la compañera Lissy».
Un acuerdo sin aplicación
A su lado, otro miembro de la PAH, Manuel, explicó, de forma más desarrollada, el convenio del CGPJ al que el portavoz de la PAH hizo referencia en su intervención, ya que para la entidad es «clave» a la hora de acabar con los desahucios que dejan a familias enteras abocadas a la miseria ante la falta de un techo.
Y es que a principios de 2017, el Consell acordó prorrogar un año más el convenio firmado en 2016 entre la Generalitat, el Consejo General del Poder Judicial y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. El documento de colaboración establecía que los jueces valencianos «podrán aplicar una nueva prórroga de un año de duración» en aquellos procesos de desahucio en los que los afectados no dispongan de recursos mientras la Administración busca soluciones para cada caso y evitar, así, que nadie en la Comunitat Valenciana se quede desamparado a consecuencia de un proceso judicial.
Para evitar, exactamente, lo que le puede ocurrir a Lissy. El acuerdo llevaba aparejado un protocolo de actuación. Sin embargo, desde la PAH afirman que el acuerdo «no se cumple porque nosotros vemos, sufrimos y paramos desahucios cada día en la Comunitat Valenciana de casos muy dramáticos».
Bankia dice no poder hacer nada
Por su parte, Bankia, consultada por Levante-EMV, señaló que no desahucian a deudores hipotecarios. La entidad bancaria intentó localizar el activo, sin embargo no pudieron verlo porque esta mujer lo había alquilado a un tercero.
«Este caso es una ocupación, desde la perspectiva jurídica, y en estas situaciones los alquileres sociales nunca se hacen sobre la misma vivienda para evitar el efecto llamada», indicaba el ente financiero que cuenta con un parque de 400 viviendas para este us, de las cuales tienen 177 entregadas.
Pero este procedimiento, a través de un acuerdo con Generalitat, se tiene que realizar siguiendo unos trámites y esperar a que llegue el turno en una lista de espera. Para ello, Bankia tienen una línea de crédito de 200.000 euros solo para solventar las pequeñas faltas de pago en alquileres sociales.
