Nunca llueve a gusto de todos. Así ha ocurrido con la nueva ley del Juego que ha elaborado la Conselleria de Hacienda y que, al menos en su parte tributaria, entrará en vigor en 2018. Como adelantó el lunes Levante-EMV, el texto ha levantado ampollas en el sector empresarial del juego de la Comunitat Valenciana que entiende que la nueva regulación y el incremento de las tasas significará la ruina de sus negocios.
La visión es bien distinta por parte de la Conselleria de Sanidad, el departamento que, sin tener en cuenta al colectivo empresarial, ha presentado las alegaciones más duras.
El anteproyecto de ley del Juego contempla un apartado específico sobre las políticas de juego responsable y prevención de adicciones, pero que resulta insuficiente para Sanidad cuyas alegaciones, indica, se basan en la «evidencia científica y en los resultados empíricos» realizados por fundaciones y universidades públicas.
La conselleria advierte a Hacienda del riesgo de favorecer excesivamente la actividad del juego porque ello redunda en perjuicio de personas vulnerables y apostilla que «la eliminación de trabas» no debería ser nunca un motivo de la ley ya que España es «uno de los países del mundo con mayor oferta de juego».
Sanidad se muestra sobre todo preocupada en la regulación de la publicidad, en particular la relativa al juego on line ya que, advierte, «ha adquirido una magnitud impresionante», por lo que se da la paradoja de que, mientras el juego tradicional de máquinas, bingos y casinos tiene una regulación muy estricta, el juego en internet se publicita ampliamente. Un gasto publicitario, añade, que está provocando una auténtica incitación al juego.
Publicidad del juego «on line»
De ahí que pide a Hacienda que vaya más allá de la declaración de intenciones y que la ley recoja establecer un reglamento de publicidad en el plazo máximo de seis meses que se atenga a los principios del juego responsable.
Por otro lado, el departamento de Sanidad da una vuelta de tuerca a los controles de acceso a los menores de edad o a las personas con diversidad funcional en los establecimientos, una de las novedades de la ley que tampoco gusta al sector. Así, habla de la identificación del jugador y que estos registros puedan interconectarse con otros de ámbito autonómico o nacional. Desde los colectivos de personas ludópatas se expresan dudas del hecho de que se deje en manos de los propios empresarios el control del acceso.
Además, Sanidad quiere que el dinero recaudado por las acciones sancionadoras tenga un carácter finalista y que su destino único sea el estudio, la prevención y la asistencia al juego patológico. Por otro lado, plantea que los premios de apuestas no puedan ser superiores al 70 % de las cantidades jugadas.
Respecto a la participación en la Comisión del Juego, el órgano consultivo y de estudio en materia del juego adscrito a la Conselleria de Hacienda, Sanidad reclama estar presente. En la actualidad, este órgano está formado por organizaciones sindicales y empresariales del sector, así como por técnicos y cargos de Hacienda. La propuesta es que se abra la participación a las asociaciones de jugadores patológicos y sociedades científicas y universitarias.
De hecho, la asociación de personas consumidoras y usuarias muestra su sorpresa por el hecho de que en la composición de la comisión «no se haya reconocido expresamente la intervención del sector más importante: los usuarios». También reclama conocer la identidad de las empresas del juego, especialmente, las que usan medios electrónicos.
