La reforma del Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana para garantizar un volumen de inversiones equivalente a los niveles de población ya acumula nada menos que 34 aplazamientos en Madrid, según los datos confirmados por este periódico. El procedimiento, iniciado en 2011 y que hasta ahora no ha llegado a culminar después de seis años, debería facilitar inversiones anuales extraordinarias de entre 300 y 500 millones en función de cada ejercicio.

Lejos de eso, sin embargo y justo cuando el presupuesto elaborado por el ministro Cristóbal Montoro para 2017 arrojaba los porcentajes inversores más bajos de la historia, el trámite de enmiendas lleva más de un año con prórrogas -la última decretada hace 48 horas- sin avances.

El procedimiento arrancó en 2011. En plena crisis económica, el Consell del PP aprobó una reforma del Estatut para reclamar al Estado un nivel de inversión similar al peso de población -cerca de un 11 %- usando la famosa «claúsula Camps», introducida en la modificación del año 2006.

La llegada de Mariano Rajoy a la Moncloa en sustitución de Zapatero y los recortes, sin embargo, arrinconaron la petición durante la pasada legislatura. Hasta el punto de que las Corts, entonces con mayoría absoluta del PP y Juan Cotino de presidente, esquivaron en varias ocasiones la solicitud de enviar al Congreso a la comisión de defensa de la reforma para evitar tocarle las narices a Rajoy y generarle un problema.

Cuando Enric Morera, uno de los dirigentes de Compromís, llegó a la presidencia del parlamento valenciano en el verano de 2015, una de sus primeras decisiones fue remitir una carta al Congreso para reactivar esa reforma del Estatut.

Ese impulso, sin embargo, encalló con un periodo de inestabilidad ante la falta de acuerdo para formar Gobierno en Madrid que desembocó en dos elecciones casi seguidas. Una vez celebrados los segundos comicios en el mes de junio de 2016, el Congreso emplazó a las Corts a defender la reforma ante la posibilidad de que pudiera decaer y, por tanto, quedar ya fuera de la tramitación parlamentaria.

En octubre de 2016 acudieron a la Carrera de San Jerónimo para su defensa los síndics de los tres principales grupos parlamentarios de las Cortes: la popular Isabel Bonig, el socialista Manolo Mata y Fran Ferri, de Compromís. La reforma salió adelante con todos los votos a favor salvo la abstención de los diputados de Ciudadanos, los únicos que no avalaron la modificación. Desde entonces, sin embargo, se han producido 34 aplazamientos en el trámite de enmiendas, como recoge la información del Congreso, sin avances.

La reforma tendría que entrar aún en la comisión Constitucional para luego volver al pleno del Congreso, al de las Corts y, finalmente, someterse a su ratificación definitiva en un referéndum de ámbito valenciano.