La relación entre la Conselleria de Sanidad y el Instituto Valenciano de Oncología (IVO) parece condenada a la tirantez hasta el final. A falta de nueve días para que entre en vigor el nuevo contrato que regula la atención integral a pacientes de cáncer de la red pública en esta institución privada, aún no se han desplegado los mecanismos administrativos que deben vertebrar esta relación.

La dirección general del centro envió hace unos días a la conselleria una petición para instarla a desarrollar ya el contenido de la instrucción que regula la derivación de pacientes de la red pública al perímetro del IVO. En el escrito, dirigido el pasado 16 de octubre a las direcciones generales de Asistencia Sanitaria y de Recursos Humanos y Económicos, el centro que dirige Manuel Llombart recuerda que el día 6 de octubre se firmó el acuerdo de acción concertada, así como la instrucción para la remisión de pacientes.

Dicha instrucción, acordada entre el IVO y Presidència de la Generalitat, explicita que «para facilitar la vía de acceso rápido a los pacientes con sospecha oncológica acreditada que soliciten la atención en el propio IVO, la conselleria habilitará una unidad de especialistas que gestione la propuesta de remisión de acuerdo con el procedimiento establecido» en la convocatoria del concurso. Una derivación que se tendrá que gestionar en tres días hábiles, y si no se cumple ese plazo se dará por concedida.

Según ha sabido este diario, el centro oncológico aún no ha obtenido respuesta por parte de la administración para organizar esa unidad de especialistas y desarrollar el contenido de la instrucción.

Esta fórmula de derivación exprés fue la solución de entendimiento a la que llegaron el IVO y la Generalitat tras la crisis de este pasado septiembre, cuando el hospital de Campanar amagó con no asumir el contrato y dejar al sistema público sin su apoyo para atender a los pacientes oncológicos valencianos.

En puridad, el IVO deja de ser un centro de libre elección, en aplicación de la ley reformada el pasado año. Pero mediante esta operativa de derivación, el centro se garantiza seguir atendiendo a los nuevos pacientes que lo deseen a partir del 1 de noviembre.

El pasado 1 de octubre, tras quince días de máxima presión por parte del IVO para poder mantener abierto el grifo de nuevos pacientes (además de los que ahora atiende), la Conselleria de Sanidad y Presidència abrieron esta vía. Fue una solución que desbloqueó in extremis una relación enquistada desde el cambio de gobierno.

El documento de consenso detalla que las propuestas de derivación las harán los especialistas y médicos de familia, se resolverán en plazo de 48 horas, y se entenderán como concedidas por silencio administrativo.

Igualmente, los pacientes que lo soliciten en el mostrador podrán ser atendidos, previa intermediación de la conselleria a través de esta unidad de especialistas. Si en tres días hábiles no se ha respondido, se entenderá como concedida la derivación. Es esta operativa la que el IVO quiere aclarar ya cómo se va a desarrollar, y por ello emplaza por carta a la administración a hacerlo.