Las Corts Valencianes han dado luz verde hoy -con la abstención del PP y el apoyo del resto de grupos- a la Ley de Políticas Integrales de Juventud, que incluye novedades como rebajar a 16 años la edad para participar en consultas públicas, la planificación de las políticas a través de una Estrategia Valenciana de Juventud con cinco años de vigencia y medidas para fomentar la coordinación entre la Generalitat Valenciana y los ayuntamientos en la materia.

Tal y como ha explicado la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, esta ley se caracteriza por ser integral, transversal y por su apuesta por el "empoderamiento" de los jóvenes y el establecimiento de "medios y mecanismos para que desarrollen un proyecto vital autónomo e independiente".

La ley, dirigida a los valencianos de 12 a 30 años, reconoce entre los derechos de la juventud la autonomía personal, a la educación, al pleno ejercicio de la ciudadanía activa, al acceso con garantías a un empleo de calidad, a la emancipación, al acceso a la protección social o a la no discriminación e igualdad de oportunidades.

Determina también que las políticas de juventud se planificarán desde una Estrategia Valenciana de Juventud, que contendrá medidas específicas para fomentar la emancipación de los jóvenes a nivel de formación, empleo, vivienda y movilidad. Su elaboración y evaluación la realizará el Institut Valencià de la Joventut (IVAJ).

Ahonda en la colaboración entre las diferentes consellerias, sobre todo las de Educación, Vivienda, Economía e Igualdad, dedica un capítulo a las formas de participación juvenil en las políticas públicas y abre la puerta a dar voz a los jóvenes que no se encuentran bajo el paraguas de ninguna asociación.

Asimismo, incluye la presencia equilibrada entre mujeres y hombres en el consejo del IVAJ y regula las funciones y la composición del IVAJ, incorporando a los jóvenes a los órganos de dirección, así como la del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana. También hay un capítulo dedicado a las distintas redes que darán recursos y servicios a la juventud, como Xarxa Jove.

"Nueva oportunidad"

La diputada de Compromís Marian Campello ha destacado que se trata de una ley "para dar respuesta a las necesidades" de la que se ha llamado "la juventud más preparada de la historia", pero que realmente "vive peor que sus padres". La socialista Clara Tirado, por su parte, se ha mostrado convencida de que "dará una nueva oportunidad a los jóvenes" cuando estos deciden emprender su proyecto de vida.

Cristina Cabedo (Podemos) ha subrayado el consenso sobre la ley y ha destacado que en un año se debe elaborar la Estrategia Valenciana de la Juventud. El objetivo final, ha dicho, es que los jóvenes vuelvan a la Comunitat Valenciana y puedan tener casa y trabajo.

El diputado de Ciudadanos Antonio Woodward ha mostrado su esperanza en que sea "la ley de los jóvenes" y estos puedan participar y decidir sobre algunos de los asuntos que más les conciernen, como el acceso al empleo y la vivienda o la precariedad laboral. Se busca, ha dicho, "empoderar a los jóvenes, que dejen de encontrarse constantemente con obstáculos a la hora de expresarse en los ámbitos políticos, social o económico".

Por su parte, el diputado del PP Juan Carlos Caballero ha asegurado que esta es una ley "prototipo 'made in Compromís', mucho continente y poco contenido", y ha asegurado que estaban dispuestos a apoyarla en un primer momento pero se han abstenido finalmente al constatar que los partidos no han sido capaces de dejar de lado "intereses partidistas".

"No ofrece nada nuevo, no da respuesta a sus problemáticas y necesidades y no cumple las promesas" a los jóvenes, ha dicho, para agregar que el único objetivo es "eliminar todo lo que viene del PP". Ha lamentado el "rodillo" aplicado a las enmiendas del PP y ha indicado que, tras dos años de espera, esta ley "acaba siendo una decepción" que recoge "derechos ya reconocidos" y copiados "de esa Constitución que está siendo pisoteada en Cataluña con su apoyo cómplice y su partido alineado con el separatismo".

Además, ha señalado que es una "ley de presupuesto cero" como indica la memoria económica: "Todo palabras, cero presupuestos".