El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha dicho hoy que el Gobierno no tiene previsto ampliar el contrato para la AP-7 por lo que cuando venza, la autopista pasará a la Administración General del Estado y será el Gobierno el que, en su momento, tome "la decisión oportuna" sobre su gratuidad.

El ministro ha respondido así a una pregunta de la diputada de Compromís Marta Sorlí sobre si la autopista AP-7, a su paso por el territorio valenciano, será gratuita cuando expire la actual concesión en 2019.

En su intervención, la diputada de Compromís ha lamentado la falta de concreción de la respuesta del ministro y ha señalado que los valencianos quieren "un trato justo".

Según Sorlí, en 2016 los beneficios de la AP-7 ascendieron a 114 millones de euros que "salieron directamente de los bolsillos de los valencianos y fueron a parar a los bolsillos de las grandes empresas".

"Y todo esto -ha dicho- mientras se rescatan radiales en Madrid y las autopistas deficitarias de Madrid las paga todo el mundo".

Por su parte, el titular de Fomento ha informado de que sólo en este año se han licitado obras en la Comunidad Valenciana por más de 120 millones de euros.

Ha explicado, por ejemplo, que se ha licitado la duplicación de accesos para el puerto de Alicante o la ampliación de V-21.

Además, se ha redactado el proyecto de acceso para la dársena sur de Castellón, se han sacado a información pública tres tramos de la AP-7 en Castellón por una inversión que supera los 300 millones de euros y ha anunciado la redacción de los proyectos de la variante de Torrevieja y de la N-232..

Con esos datos, el ministro ha preguntado a la diputada si considera "de verdad" que este Gobierno trata de manera injusta a la Comunidad Valenciana.