Formaba parte del acuerdo de legislatura que en junio de 2016 alcanzaron los sindicatos con la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, pero hasta ahora el compromiso no había salido del papel. Consumida la mitad de la legislatura y en el que será el penúltimo presupuesto del Botànic, la titular del departamento, Gabriela Bravo, quiere compensar al personal público con la dotación de un fondo extraordinario para reparar la pérdida de poder adquisitivo. Eso sí, antes deberá convencer a la Dirección General de Presupuestos de la Conselleria de Hacienda que última estos días el proyecto presupuestario de 2018. Bravo comunicó el pasado martes a los sindicatos su intención de incluir la partida en las cuentas de su departamento.
Durante el encuentro, celebrado con motivo de la Mesa General de Negociación en la que se abordó las grandes líneas del capítulo de personal, Bravo informó a los sindicatos que quiere activar ya el fondo para permitir que paulatinamente las empleadas y empleados públicos recuperen el poder adquisitivo. La consellera, sin embargo, no concretó su dotación ya que es un asunto que todavía está negociando con Presupuestos. El proyecto presupuestario se aprobará el próximo martes en un pleno extraordinario y será remitido a las Corts para su debate.
La recuperación del poder retributivo del personal empleado público de la Generalitat forma parte del acuerdo de legislatura de 2016. Según este compromiso, la Generalitat se comprometía a tomar medidas de carácter legislativo, reglamentario, presupuestario y organizativo necesarias para propiciar la recuperación del poder adquisitivo. Entre otras medidas, se asumía emprender una negociación para la recuperación del pago del 100 % de las retribuciones en la situación de incapacidad temporal (IT) dentro de los términos permitidos por la normativa estatal básica y la creación de un Fondo Compensatorio.
El paso adelante que quiere dar la conselleria ha sido bien recibido por los sindicatos que firmaron el acuerdo de legislatura, ya que se trata de una reclamación histórica que, además, se reavivó con los recortes a la nómina (un 5% menos) decididos por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Los sindicatos estiman entre un 11 y 15% la pérdida salarial en los últimos años como consecuencia de los recortes y las congelaciones salariales.
El régimen retributivo de los funcionarios de cada año queda marcado por los presupuestos generales del Estado. Es el Gobierno central quien decide la congelación o el aumento anual y este acuerdo debe recogerse en los presupuestos autonómicos. Este año el Consell contemplará una subida del 1%, de acuerdo con lo contemplado en cuentas del Estado de 2017, que previsiblemente se prorrogarán ante la falta de apoyos parlamentarios.
Presupuestos tiene previsto incluir un fondo de contingencia por si, finalmente, hay nuevos presupuestos, y se cumple el anuncio del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de una subida salarial de hasta un 7% en tres años.
Sin embargo, al margen de este fondo de contingencia, los sindicatos quieren que el fondo para fortalecer las nóminas tras los recortes de los últimos años quede recogido en los presupuestos. De otra forma, admiten, el Consell acabaría dando la razón al CSIF, que se negó a firmar el acuerdo en 2016 al considerar que no había garantías de cumplimiento. Uno de los puntos claves de este pacto, que en teoría garantizaba al Consell la paz social durante la legislatura, era la cuestión retributiva. De ahí la pelea de Bravo. La última palabra, con todo, está en manos de Hacienda, que lidia estos días con la distintas aspiraciones de las conselleries. Tal como ha contado este diario, existe un tira y afloja entre departamentos para mejorar sus recursos en un ejercicio presupuetario clave. Será el último antes de 2019, marcado por las elecciones autonómicas.
Jornada de 35 horas
Fuentes de Justicia indicaron que, en todo caso, se constituirá la comisión para estudiar como aplicar el fondo. Los sindicatos hablan de un complemento salarial diferente al de carrera, que podría distribuirse en varios ejercicios. Eso sí, exigen que tenga respaldo presupuestario porque en caso contrario la comisión carecerá de validez.
Durante la Mesa General de Negociación también acordó instar al Gobierno central para que modifique la ley que impide aplicar en las autonomías la jornada laboral de 35 horas para el funcionariado.
