En época de banderas y enseñas, el Consell del Botànic insiste a diario en que la suya es rescatar personas. No es casual por tanto que sea la conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que dirige la vicepresidenta, Mónica Oltra, la que registre el mayor crecimiento en el año clave de la legislatura.
El aumento de recursos (13,8% más) permite a la también lideresa de Compromís, que gestionará en 2018 un total de 1.194 millones, amarrar su proyecto estrella: la renta de inclusión, un balón de oxigeno para quienes menos recursos tienen. «Es la gran apuesta de este Consell en la lucha contra la pobreza», admite Oltra. En euros contantes y sonantes, la renta de inclusión cuenta con un presupuesto de 88 millones de euros, más del doble que en 2017. Otro de los hitos del presupuestos presentado ayer es la partida de 12 millones para la lucha contra la violencia de género y machista, 30% más.
En la era de las estrecheces financieras no hay dinero para grandes alegrías, pero el gasto del Estado de Bienestar queda blindado en unas cuentas que destinan 35 millones diarios a política social (frente a los 32,8 de 2017), de ellos 17 a Sanidad, 12 a educación y tres a Igualdad y Políticas Inclusivas, el bastión de la vicepresidenta.
También crecen dos partidas que los estrategas de Compromís habían puesto como prioritarias para el presupuesto de 2018 ya que se dirigen al nicho de población más joven, el que mejor valora las políticas del Botànic según las encuestas y que mejor sintoniza con fuerzas como Compromís. Hay un aumento de fondos destinados a alquiler juvenil y de hasta un 36% en becas universitarias, que en el caso de becas académico-deportivas suponen un aumento del 218%.
Inversión en vivienda
También se integra en el presupuesto inversión a ampliación del parque público de viviendas, valorado en 10 millones el primer año, ya que es plurianual. Además, según destaca la vicepresidenta, se profundiza en el compromiso con la municipalización de los servicios sociales, que busca mejorar prestaciones y ofrecer mayor apoyo a municipios, incluidos los del interior. En ese camino, se suma la contratación de abogados para servicios sociales municipales y se incluyen más valoradores de la discapacidad.
