El sistema público impone unos límites para recibir tratamientos de reproducción humana asistida (TRHA) que podrían reconsiderarse. Tanto es así que el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana ha sugerido a la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública que «en el ámbito de sus competencias valore incorporar a su cartera de servicios los tratamientos de reproducción humana en los casos de esterilidad secundaria, todo sin perjuicio de los criterios de priorización que se establezcan». Es decir, el síndico señala que no se prohíba a aquellas personas con voluntad de tener un segundo hijo el acceso a los TRHA por el hecho de haber tenido ya un vástago con anterioridad con su pareja o por ella misma.
Esta propuesta lanzada desde el Síndic de Greuges surge a raíz de una queja recibida el pasado 5 de junio. Una mujer de 35 años con pareja femenina reclamaba poder tener acceso a estos tratamientos en la sanidad pública. Estaba casada y tenía una hija gestada por su pareja, con los óvulos de la misma y semen de un donante anónimo. La susodicha cuenta que entre enero y abril de 2017 se sometió en tres ocasiones a dichos tratamientos en la sanidad privada sin éxito ya que, pese a tener descendencia en común con su pareja sus «deseos de gestar y poder ser madre biológica» eran «muy grandes».
Una vez su ginecóloga tuvo conocimiento, la remitió a la Unidad de Reproducción Humana del Hospital General de València para tratar su infertilidad. El caso es que a esta mujer le negaron el acceso en el sistema público porque ya tenía una hija con su pareja.
Y es que la normativa actual indica que la cartera de servicios solo incluye la realización de los tratamientos de fertilidad a mujeres solas o parejas sin ningún hijo común previo sano. Cabe recordar que esta medida excluía anteriormente a las mujeres lesbianas y solteras, pero con el reglamento vigente estas se incluyen independientemente de su situación sentimental. Por lo que cualquier pareja con hijos en común o solteras con algún vástago no puede acceder a los TRHA con el sistema sanitario público. Además de estos requisitos, las mujeres deben tener entre 18 y 40 años, y los hombres entre 18 y 55 años. El otro impedimento sería que la mujer presentara alguna patología que pueda ser un riesgo para el embarazo.
Ahora, el Síndic de Greuges pide que se reconsideren estos argumentos teniendo en cuenta que desde 2014 la fertilidad secundaria ha pasado de ser un criterio de priorización a convertirse en un criterio de acceso. Esto significa que antes se priorizaba las fertilizaciones primarias pero no se excluían las secundarias, que es el caso actual.
