Todos los miembros del consejo de administración de la empresa pública Emarsa van a desfilar esta semana y la próxima en el juicio en la Audiencia de València por el saqueo de la depuradora de Pinedo. Unos veinte millones de euros desaparecieron por las alcantarillas de la corrupción, según las acusaciones. Pero ninguno de los representantes de las formaciones políticas representadas en Emarsa detectaron el agujero económico, hasta que el desastre financiero de la empresa pública obligó a liquidarla. Así lo confirmaron seis exconsejeros de Emarsa que declararon ayer como testigos en el juicio que comenzó el pasado mes de mayo y acabará en diciembre.

Entre los exresponsables de Emarsa se encuentran actuales primeros espadas de la política activa. Como Maria José Catalá, exalcaldesa de Torrent y actual diputada del PP en las Corts, que fue consejera de Emarsa entre 2007 y 2010. Catalá admitió al tribunal que recibía información sobre la situación financiera de la empresa durante cada reunión del consejo de administración «en un pequeño dossier donde se formulaban las cuentas» aunque, declaró, «no me llamó la atención el aumento de las deudas ni las pérdidas de Emarsa, porque lo recordaría». Y fue rotunda al responder si alguien les avisó que Emarsa estaba incumpliendo la ley de contratos: «En absoluto».

Sus compañeros de formación que declararon ayer tampoco vieron nada raro en la depuradora dirigida por su compañero de partido, Esteban Cuesta. Amparo Mora (Quart de Poblet) tuvo que reconocer que iba a los consejos de administración a pegar la cabotà. «No tenía información de las cuentas porque tampoco las solicitaba». Admitió recordar que «se arrastraba una deuda de años atrás, al igual que un exceso de personal, pero se nos decía que estaba auditada». Tampoco se extrañó que en 2010 se tratara un plan de viabilidad para la empresa y, en unas semanas, se reunieran para liquidarla, aunque admitió: «Fue un día de lo más complicado». En la misma línea declararon Miguel Bailach (exalcalde de Massamagrell) y Antonio Marí (exalcalde de Meliana). No vieron ni detectaron nada. «Pensábamos que estaba todo correcto. Nos daban información pero nadie cuestionaba demasiado», justificó Bailach.

La explicación a esta presunta farsa la dió el exconcejal de EU en Xirivella, Joan Antoni Pérez. «Se nos daba una apariencia de legalidad técnica, jurídica y económica. No había ninguna señal de alarma para dudar de la viabilidad económica, según la información que nos daban los directivos». Según Pérez «se nos vendió que Emarsa era una empresa modélica y no teníamos elementos de juicio para contradecir esta versión. Cuando aparecieron las pérdidas se nos dijo que se debía a la caída del volumen de negocio porque se trataban menos aguas residuales y por la falta de financiación de la Epsar». Un «relato que era construido de forma artificial por el staff directivo, pero eso lo sabemos ahora... ¡Ojalá lo hubiéramos sabido en 2004!», lamentó.

Por último, José Enrique Aguar (exPSPV que presentó la querella que originó el caso junto a Ramón Marí, aseguró) también confirmó que la información que se facilitaba parecía correcta. «Aunque a diferencia de la Emshi, esta empresa [Emarsa] no funcionaba tan bien. Íbamos a pedir más financiación a la Generalitat pero encontramos el agujero y denunciamos»