El Botànic empieza a ponerse en clave electoral. Los tres partidos que lo componen, PSPV, Compromís y Podemos,mantendrán la estabilidad del pacto hasta el final, pero comienzan a marcar diferencias. Se evidenció ayer en la reunión de la comisión de seguimiento del Pacte del Botànic, el órgano encargado de velar por el buen funcionamiento del acuerdo a tres bandas.
La principal fricción está ahora en la auditoría ciudadana de las políticas del Botànic. Para Podemos es irrenunciable. El partido que lidera Antonio Estañ está obligado ahora a ser más exigente que el de la era Montiel y quiere dejar huella.
Pero en el PSPV no ven con buenos ojos la fórmula que proponen (un sistema basado en mil personas que responden a distintos perfiles sociales y que se aplica en Madrid) y en Compromís también hay voces internas que plantean dudas. Chirría que incorporar a un observador externo (un papel que ya interpreta Podemos) pueda acabar en reproches a la gestión de la Generalitat en puertas de las elecciones, lo que sería como pegarse un tiro en el pie.
En Compromís admiten que evaluar las políticas del Botànic sí figura en el pacto que las tres formaciones firmaron en junio de 2015, pero que deba hacerse a través de una auditoría ciudadana ya abre más interrogantes. Por eso se ha optado por poner la auditoría en estudio y condicionarla a que Podemos apruebe los presupuestos.
Primero las cuentas y si Podemos las aprueba y se evita una crisis en el Botànic entonces se abrirá una comisión para estudiar su implantación, pero a partir de enero. Podemos acepta posponerla.
Mientras, el debate del Botànic sobre los presupuestos presentados esta semana sigue sobre la mesa. El bipartito cree que no habrá sorpresa y Podemos los apoyará, pero temen la incertidumbre. Sigue el pulso sobre la fórmula para abordar cuestiones que para Podemos resultan clave. En vivienda, el bipartito recordó ayer en la reunión que se han abonado 60 millones en ayudas que el PP había bloqueado, pero no hay mucho margen más.
Podemos busca sacar pecho
En ayudas para paliar la pobreza farmacológica, el Consell solo llega a 35 millones de los 85 en que cifra la mejora el partido de Estañ, pero el bipartito recuerda que ya están incluidas en las cuentas reivindicaciones clave de Podemos: la agencia antifraude con 2,7 millones o más dinero para la justicia gratuita, con las que pueden sacar pecho.
La impresión general es que el problema no radica en los números (en el PSPV aseguran que Podemos pidió más dinero el año pasado), sino en la necesidad de la formación morada de desmarcarse de los socios y marcar su propio espacio de reivindicaciones.
