Los socios del Botànic tienen hoy una cita para poner al día el pacto que en junio de 2015 hizo posible un cambio de Gobierno en la Generalitat. Habrá tres sillas en la mesa ( las del PSPV, Compromís y Podemos), aunque debería reservarse una cuarta para los ayuntamientos. Agotada la mitad de la legislatura, las corporaciones locales han acabado convirtiéndose en un pilar clave para la gestión del Consell, sobre todo en aquellas áreas sensibles relacionadas con la política social y que por un motivo u otro están atascadas.
Esta apuesta por el municipalismo, en parte por convencimiento, en parte por necesidad, queda más que nunca reflejada en los presupuestos de la Generalitat para 2018. Un repaso por las principales transferencias corrientes de las conselleries situan a los ayuntamientos en un lugar preferente en la lista de beneficiarios. Es consecuencia de una serie de decisiones tomadas por el Ejecutivo de Ximo Puig y que tiene como denominador común el hecho de descargar en los consistorios la ejecución de políticas públicas. Así, el documento plasma la delegación de competencias en los ayuntamientos para la construcción de centros escolares. Son sendas partidas por valor de 111 millones que salen desde los programas de Primaria y Secundaria en concepto de transferencias a los ayuntamientos para poder asumir la construcción de colegios. En el ámbito educativo el Consell ya buscó el auxilio de los ayuntamientos para que gestionaran su programa de ayudas a los libros de texto.
El refuerzo económico a los ayuntamientos también se manifiesta en los presupuestos de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. Se amplian las subvenciones para hacer efectiva la nueva política de servicios sociales del Consell que pasa por apoyarse en los municipios.
Sobre los ayuntamientos recae la responsabilidad de atender a los colectivos más vulnerables. Igualdad ha consignado una partida de 63 millones para financiar los gastos destinados a personal, servicios y programas para la atención social de las entidades locales a familias, menores o dependientes. Para 2018 habrá once millones de euros más. Otras políticas sociales, como la atención a personas con diversidad funcional, también recae en los consistorios. La Generalitat se queja de falta de manos y espera que personal contratado y evaluado por los ayuntamientos haga un trabajo que se atasca en la conselleria. El año próximo los entes locales tendrán una ayuda de 27, 5 millones de euros frente a los 23 consignados en 2017. El sostenimiento de centros para atender a personas mayores tendrá una aportación de 34 millones de euros.
Los ayuntamientos también seguirán teniendo un papel importante en la atención de personas inmigrantes o afectadas por la drogodependencia y para este encargo también reciben ayudas. La nueva ley de la función social promovida desde la Conselleria de Vivienda también requiere el apoyo de los consistorios, que podrán acceder a una partida de 2,7 millones.
La apuesta del Consell por el municipalismo se constasta un año más en los presupuestos de Presidencia. Ya este año se estrenó el fondo de cooperación municipal con 40 millones de euros, una inyección que se repetirá en 2018. La novedad es la partida de tres millones de euros para luchar contra la despoblación.
En 2018, el Consell también recurrirá a los consistorios para impulsar las políticas por la igualdad de género y la promoción del valenciano.
