El magistrado del Caso Taula, Víctor Gómez Saval, ha citado a declarar el próximo 10 de noviembre en calidad de testigos a cuatro nuevos contratistas del Ayuntamiento de València relacionados con los presuntos pagos a la empresa de comunicación Laterne Product Council durante la campaña electoral de 2007.
Se trata de representantes de las empresas Lubasa, Sociedad Agricultores de la Vega (SAV), Secopsa y Fovasa, adjudicatarias de distintos servicios municipales contratados por el Ayuntamiento de València con estas empresas durante años. Al igual que el resto de empresarios que declararon el pasado viernes ante el juez y el Fiscal Anticorrupción del Caso Taula todos comparecen como testigos. Las 17 contratistas y empresas constructoras que aparecen como presuntas financiadoras de los gastos electorales del PP hace una década en 2007 habrían cometido un delito de cohecho, según el Código Penal vigente hace una década, pero el delito ya habría prescrito al haber transcurrido diez años y no esta. No obstante, al comparecer como testigos están obligados a decir la verdad. El juez también les exige que aporten documentación sobre los pagos realizados a las empresas del grupo Laterne.
El magistrado también ha reclamado información sobre una cuenta bancaria del Centro de Estrategias y Desarrollo (CyDE), una entidad pública que hizo pagos a Laterne.
