Fue la primera ley emitida por el nuevo Consell nacido del Pacte del Botànic y toda una declaración de intenciones: la sanidad debía ser accesible para todos se tuvieran en regla los papeles o no. Para «pulir» este decreto 3/2015 (sobre el que todavía pesa un recurso de inconstitucionalidad del gobierno de Mariano Rajoy), el pleno del Consell ha aprobado una nueva norma que lo desarrolla estableciendo procedimientos más ágiles.
De esta forma, se establece un proceso «especial de acceso» para aquella casuística especial sobre las que, a veces, hay dificultades de «interpretación o aplicación», según reconoció ayer la conselleria. Se trata, por ejemplo, de casos como el acceso a los servicios sanitarios de personas refugiadas o de menores que hayan venido a la comunidad para ser operados a través de un programa solidario o para pasar una estancia temporal como las de verano de menores saharauis, por ejemplo.
El que exista una normativa clara, sin embargo, «no siempre es garantía de que se esté aplicando», alertaron ayer desde el Observatorio del Derecho Universal a la Salud de la Comunitat Valenciana, Odusalud, organización que vela por el cumplimento del derecho a la sanidad y que agrupa a 87 entidades.
«Publicar es fácil»
El último informe emitido por el observatorio reveló, de hecho, que durante el año pasado se registraron al menos 169 casos de personas que tuvieron problemas para acceder a la sanidad pública y, en contra de lo esperable, más de la mitad estaban en situación «regular».
«Es evidente que decretos como el aprobado mejora la situación pero el déficit que arrastra la conselleria es en la aplicación de la norma. Publicar es fácil, pero en la gestión es donde viene el problema grave», aseguró ayer Antonio Bayón, portavoz de Odusalud y representante de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria en la organización.
Bayón reclamó que junto al desarrollo de la normativa, la conselleria supliera el déficit «de información y formación» que esos 169 casos del año pasado evidenciaban entre el personal de la Conselleria de Sanidad. «La voluntad política es manifiesta pero que se aplique es diferente y el punto crítico son los mostradores de admisión porque son la puerta de entrada a la atención sanitaria ya sea en un centro de salud o en la puerta de urgencias. Hay que formar al personal», insistió Bayón.
Odusalud está trabajando ya en el informe con los datos de este año 2017 en el que esperan encontrar «mejoras» sobre todo en parcelas como la falta de atención sanitaria en menores, que el año pasado fueron el 12 % de los casos. «Ni siquiera el decreto nacional 16/2012 deja fuera a los menores y hemos detectado que aquí estaba sucediendo», alertó Bayón.
