El Consejo de Ministros aprobó ayer dos acuerdos para la interposición de un recurso de inconstitucionalidad con artículos de las leyes de pobreza energética y función social de la vivienda de la Generalitat Valenciana. En ambos casos, el Ejecutivo considera que la Generalitat se habría atribuido funciones que no le corresponden. Son dos normas más de las varias del Consell que el Gobierno ha recurrido. La última había sido la de revocación de senadores.

El Govern del Botànic puede estar tranquilo en principio sobre el proyecto de presupuestos aunque prevé un déficit (1,7 %) que multiplica por cuatro el aprobado para las comunidades (0,4 %). Según fuentes del Gobierno, no se plantea actuar contra las cuentas. Al menos, hasta que presente el plan de ajuste y el plan económico financiero. Según las fuentes, en los años anteriores ha presentado números que cumplían con el techo de déficit aprobado.

Sobre el recurso a la ley para paliar y reducir la pobreza energética, el Gobierno recordó que el Tribunal Constitucional ya reiteró la competencia estatal en materia de coordinación de la planificación de la actividad económica.

La ley valenciana establece, según estas fuentes, un procedimiento que contradice los plazos previstos en la normativa estatal para el corte de suministro. Incide además sobre el régimen económico del sistema al mantener el suministro sin retribución y regular los plazos de aplicación y comunicaciones antes del corte de suministro y fijar los consumidores a los que no se les podrá cortar la luz o el agua. Todo ello, dice el ejecutivo, en términos distintos a los establecidos por la normativa estatal en materia de energía.

Con respecto al recurso de inconstitucionalidad de la ley por la función social de la vivienda, el Gobierno cree que la norma invade las competencias estatales en materia de régimen del derecho de propiedad, de legislación procesal y civil, «bases de la ordenación de crédito, banca y seguros» y «bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica».

Los socios del Consell lamentaron ayer la nueva actuación del ejecutivo de Mariano Rajoy ante el Constitucional. La consellera de Vivienda, María José Salvador, criticó el «ataque directo al derecho de los valencianos a una vivienda digna». El vicesecretario general del PSPV, Manolo Mata, advirtió al Gobierno central que los socialistas no consentirán que «Rajoy siga metiendo el dedo en el ojo a los valencianos». En la misma línea se pronunció el portavoz socialista, Jorge Rodríguez. El portavoz de Compromís, Fran Ferri, denunció la «enorme crueldad del PP». Antonio Estañ (Podemos) pidió un plan de choque para contrarrestar al ejecutivo.