El Consell ha aprobado el anteproyecto de ley de Inspección General de Servicios y del sistema de alertas para prevención de malas práctica. Trabaja con la Universitat Politécnica en un convenio que cuesta 55.000 euros y expertos en sistemas de información como Hervé Falciani o la Fundación Baltasar Garzón (Fibgar) cuya colaboración cuesta unos 30.000 euros.
