El Consell ha aprobado el anteproyecto de Ley, de la Generalitat, de Inspección General de Servicios y del sistema de alertas para la prevención de malas prácticas en la Administración de la Generalitat y su sector público instrumental.
En el desarrollo de este sistema de alertas, el Consell trabaja junto a la Universitat Politécnica de Valencia (UPV) en un convenio que cuesta 55.000 euros y expertos en sistemas de información como Hervé Falciani o la Fundación Internacional Baltasar Garzón (Fibgar) cuya colaboración cuesta unos 30.000 euros.
El Consell, según ha informado, quiere dotar a la administración y a su sector público empresarial de una norma con rango de ley, por la que se crea el sistema preventivo de alertas, "dirigido a detectar irregularidades y malas prácticas administrativas", ha explicado la vicepresidenta, Mónica Oltra.
"No queremos que a los valencianos y valencianas nos vuelva a pasar lo que sufrimos en el pasado, con el Gobierno anterior que gestionaba por ocurrencias, despilfarrando y con unas prácticas más que cuestionadas. Un pasado que nos pesa e hipoteca", ha remarcado.
Por su parte, el conseller de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, Manuel Alcaraz, ha destacado que el anteproyecto aprobado por el Consell "regulará, por primera vez, con una norma con rango de Ley, la Inspección General de Servicios, que hasta ahora se rige por un decreto, ya que afecta a garantías de derechos fundamentales".
En este sentido, Alcaraz ha hecho hincapié en la importancia de que la Inspección General de Servicios "esté bien regulada para que funcione bien", puesto que es "la primera barrera de autocontrol que tiene la Administración autonómica para combatir las corruptelas que pueden acabar convirtiéndose en corrupción".
En esta línea, el titular de Transparencia ha recordado también que este organismo "estaba infravalorado por el anterior Consell y se había reducido solo a tres funcionarios; ahora contamos con 15 y queremos aumentarlo hasta 20", ha explicado.
Alcaraz ha señalado que el anteproyecto de Ley "recoge la regulación del Sistema Preventivo de Alertas, que es el sistema más moderno de España y probablemente uno de los mejores de Europa".
A este respecto, el conseller ha asegurado que "en un plazo de 5 ó 6 años, se convertirá en la herramienta fundamental en cualquier administración pública"
Alcaraz ha indicado también que el Sistema Preventivo de Alertas "será gestionado por la Inspección General de Servicios como una herramienta más de trabajo, por lo que no se trata de ningún organismo nuevo ni implicará más gastos".
