El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, se mostró ayer crítico con la prisión preventiva decretada para el exvicepresidente catalán, Oriol Junqueras, y otros siete exconsellers. No es «lo más adecuado» para solucionar el conflicto en Cataluña, dijo.

En una línea similar se expresó la vicepresidenta valenciana y portavoz del ejecutivo. Mónica Oltra considera que Cataluña «necesita» una solución política «al margen de las resoluciones judiciales», en las que el Consell no entra, señaló. Los líderes de PSPV y Compromís mantienen posturas muy cercanas en este punto, después de que se alejaran políticamente sobre la aplicación del artículo 155, respaldado por los socialistas en el Senado con el no de los representants de la coalición.

«Siempre he dicho que ley y diálogo son dos instrumentos fundamentales para salir de este conflicto», remarcó para señalar que la decisión de enviar a prisión a los exconselleres del Govern no le parece «lo más adecuado posible desde el punto de vista de la solución del conflicto».

En cualquier caso, remarcó que siempre «respeta la ley», pero al mismo tiempo se puede criticar su ejecución porque «se plantean desde el campo de la autonomía de los jueces y fiscales». «Respeto por ambas partes: a sus decisiones y a las críticas que se derivan de esas decisiones», abogó el president.

Para Puig, «hace tiempo que se estamos ante un fracaso de la política que hay que superar con política», pero «cumpliendo las leyes», porque si no se cumplen «pasa lo que pasa» y «no hay un marco en el que se pueda convivir» y «buscando soluciones políticas». «No debemos contribuir ni un minuto más a generar más fractura social, emocional y fractura entre Cataluña y el resto de España porque esto va a ser muy negativo para toda la ciudadanía y eso es lo que yo creo que tenemos que poner siempre por delante», zanjó.

Por su parte, Oltra dijo tras el pleno del Consell: «Entiendo que es un tema de una gravedad extraordinaria en un Estado de Derecho y yo, como jurista, tengo mi opinión y creo que es mejor mantenerse al margen de la valoración».

En todo caso, apuntó que es una cuestión que necesita una solución política «al margen de las resoluciones judiciales». «Esto necesita una solución política y que se aborde en España el debate territorial, global, al margen de que se debe abordar una solución particular a la cuestión catalana», opinó.

El problema territorial en España «no solo es Cataluña» y «hace falta mucha política para definir un nuevo modelo donde la gente y los territorios quieran formar parte de un proyecto común», subrayó en la línea de reivindicar una reforma que contemple no solo el caso catalán, sino también la insuficiencia financiera de la Comunitat Valenciana.

«Hay una necesidad de que esta cuestión se solvente a través del diálogo y la negociación política», insistió Oltra, para agregar que hay más de dos millones de personas en Cataluña con una reivindicación política y «eso solo se puede solucionar en el ámbito político».

EUPV también se manifestó en contra del encarcelamiento, una medida que considera «desproporcionada», al tiempo que «no contribuye en absoluto a resolver el conflicto en Cataluña».

Para la formación de izquierdas, la orden de prisión preventiva sin fianza de los exconsellers catalanes supone «un quebrantamiento del principio de legalidad» porque los hechos «no son constitutivos de delito». «Cada medida ha sido aprobada contra lo que dice la propia ley», señaló.

El grupo municipal de València en Comú en el ayuntamiento de la capital manifestó asimismo su desacuerdo con «el encarcelamiento incondicional» del exvicepresidente catalá, Oriol Junqueras, y otros exconsellers. Se trata de «una medida desproporcionada», dijo, ya que son «miembros del Gobierno de Cataluña elegidos democráticamente por la ciudadanía» y su envío a prisión «plantea dudas jurídicas».