En la jornada de ayer se hizo pública la sentencia de María Begoña Calvet, titular del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Alicante que anula el acuerdo de la Junta de Gobierno del 15 de noviembre de 2016 relativo al cambio de denominación de 47 calles y plazas del callejero franquista en Alicante, al considerar que la competencia correspondía al Pleno, en el que están representados todos los grupos políticos.
Esta sentencia judicial abre en el tripartito un nuevo frente ya que no se ponen de acuerdo sobre co´´mo actuar a partir de ahora, lo que amenaza con bloquear el procedimiento, impidiendo que salga adelante en esta legislatura. Esto sólo sería posible con un acuerdo de pleno, como considera la juez que debería haberse hecho, del que son partidarios el PSOE y Guanyar, a favor de buscar el voto número 15 que permita sacarlo adelante, pero que no baraja el tercer socio de gobierno, Compromís, responsable del área de Memoria Histórica que promovió el cambio del callejero.
Sin embargo, ese voto número 15 que necesitan no parece sencillo. El PP y Ciudadanos discreparon en su día en la eliminación de al menos seis plazas y calles al entender que no concurrían en los supuestos recogidos por la Ley de Memoria Histórica (sublevación militar, Guerra Civil o represión franquista). La supresión de la plaza de Calvo Sotelo fue lo que finalmente dinamitó todo posible acuerdo. Los ediles tránsfugas también mostraron sus reticencias. Entre ellos, Nerea Belmonte ya advirtió que llevarlo a Junta de Gobierno Local y no al Pleno suponía «una falta de garantías».
El tripartito tiene ahora 15 días para recurrir la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia. Este es el segundo revés sobre este procedimiento ya que la juez ordenó en enero la paralización cautelar del proceso acometido por Memoria Histórica y Estadística, área en manos de Guanyar. La magistrada también obligó a reponer las placas predemocráticas que ya se habían retirado.
El tripartito estudiará recurrir
El gabinete jurídico municipal estudiará en los próximos días si recurre o no. El PSOE y Guanyar creen que hay que buscar otras opciones y son partidarios de intentar un acuerdo de pleno, mientras que Compromís prefiere esperar a lo que decida la asesoría jurídica. «Aún no se ha decidido nada», aseguró el portavoz de la formación, Natxo Bellido.
La juez se muestra especialmente crítica con el área de Memoria Histórica, recordando que fue esta concejalía la que, en octubre de 2016, acordó alterar el criterio competencial del Pleno para adoptar el acuerdo de cambio de la nomenclatura franquista en cuanto órgano de máxima representación política de los ciudadanos «atribuyendo la misma a la Junta de Gobierno Local». Porque en su fallo la magistrada recoge que «nos encontramos ante el cambio de nombre de un número importante de vías del callejero del municipio, a consecuencia de la aplicación de una norma estatal, de especial calado y trascendencia política».
Desde Alcaldía, en manos del PSOE, se mostraron ayer claramente a favor de un acuerdo de pleno y recordaron que las sentencias judiciales se acatan siempre. «Si es lo que pide la juez, por supuesto. Si bien estamos de acuerdo con el fondo -retirar el callejero franquista- es posible que las formas empleadas sean mejorables», dijeron.
Guanyar también está por la labor de alcanzar un acuerdo amplio de pleno, previo consenso con el resto de socios de gobierno. «Es algo que veremos la próxima semana, y no creo que el tripartito tenga problema en llevarlo a cabo para conseguir un acuerdo y dejarlo zanjado esta legislatura», dijo ayer Daniel Simón, responsable de Estadística, área que confeccionó las placas nuevas.
