La gráfica del caudalímetro gestionado por la empresa Enagás Transporte S.A.U y que verificaba la inyección de gas desde la red de abastecimiento a la planta Castor, refleja cómo en la noche del 12 al 13 de septiembre de 2013 el flujo de inyección se redujo de 350.000 Nm3/hora a casi 175.000. Estos datos, que forman parte de la documentación adjuntada a la causa y a la que ha tenido acceso este diario, muestran dos descensos de la inyección de gas durante el día 13 de septiembre, adelantándose a las recomendaciones emitidas por el Observatorio del Ebro en relación a los microseísmos detectados en el entorno de la costa entre Castelló y Tarragona.
Según la citada documentación, a partir de las 23.00 horas del 12 de septiembre de 2013 los operarios de Escal UGS iniciaron un descenso en la inyección de gas a la planta. Una medida que solicitó el propio Observatorio casi doce horas después. En concreto, la entidad recomendó a las 12:26 horas del 13 de septiembre reducir la inyección hasta los niveles empleados en el mes de agosto, que se encontraban dentro del parámetro de seguridad elaborado por la empresa.
Este pasado viernes el juzgado de Instrucción número 4 de Vinaròs retomó las declaraciones por la causa que investiga el denominado caso Castor y que analiza, a petición del Ministerio Fiscal, las posibles responsabilidades en la tramitación de este proyecto y en los sucesos posteriores. Un informe pericial de la entidad auditora DNV puso de manifiesto ante el juez de instrucción que, efectivamente, ese descenso se había producido y validaba, a su vez, la actuación de Escal UGS en cuanto a las recomendaciones emitidas por el Observatorio del Ebro como mecanismo de seguridad. E incluso se anticipaba a ellas, como se refleja en la gráfica del caudalímetro.
Los registros de la actividad sísmica detectada por el Instituto Geográfico Nacional aducen que las intensidades de los microseísmos oscilan entre los 1,6 y 2 grados en la escala de Richter, aunque se registraron episodios de mayor intensidad.
Según el informe pericial de los ingenieros y geólogos Jesús Artieda, Enrique Hernández y Eduardo Salete, la reducción del caudal llevada a cabo por Escal UGS «además de evidenciarse eficaz, fue adecuada conforme a los estándares del sector, no infringió ninguna prescripción técnica o normativa ni contravino ninguna indicación de las autoridades».
La información del caudalímetro ha sido pedida por el juez de Instrucción a Enagás Transporte S.A.U y ahora ha sido incorporada a la causa con la información detallada del volumen de gas inyectado en la plataforma Castor entre agosto y septiembre de 2013. De esta manera, cabe apuntar que las inyecciones de gas se iniciaron el 19 de agosto de 2013 y finalizaron el 17 de septiembre, en días alternos y con diversas intensidades según la programación de la empresa. En esta fase se inyectaba gas colchón que estaba llamado a facilitar la futura extracción del gas almacenado y que hubiera sido extraído en función de las necesidades estratégicas del país y en relación a la estabilidad del mercado gasístico.
El Observatorio del Ebro, institución vinculada al Centro Superior de Investigaciones Científicas, sugirió el citado 13 de septiembre a las 12:26 horas la reducción del caudal a niveles de agosto y validó a las 18:44 horas la continuación de inyección de gas a los nuevos niveles. Este Observatorio poseía a diario la información sobre la sismicidad del entorno del almacén Castor y utiliza la red del Instituto Geográfico Nacional (IGN).
Por otro lado, el Instituto Geológico y de la Minería (IGME), que actúa como perito del Ministerio Fiscal en la instrucción por delito medioambiental contra la empresa Escal UGS, indicó en sede judicial en julio de 2016 que se desconocían los datos del caudalímetro de Enagás.
No obstante, sus técnicos estimaron el reconocimiento del caudalímetro como fuente de información irrefutable para el análisis y el control del caudal de inyección en el caso Castor.
Se trata de uno de los principales argumentos de la acusación en este caso, dado que la Fiscalía considera que la empresa Escal UGS no cumplió las medidas apropiadas en materia de prevención ante una amenaza inminente de daños ambientales , desatendiendo el requerimiento del Observatorio del Ebro durante los sucesos del día 13 de septiembre de 2013.
