Un informe del Consejo General de Economistas, elaborado por José María Serrano, Fernando Arbues y Jaime Sanaú, sobre «la gestión del agua en las ciudades», señala que la coalición público-privada es el mejor método a emplear por parte de las administraciones para que puedan conservar el último control aprovechándose de la «demostrada eficiencia privada» en la gestión del agua.
Como en España es ilegal privatizar el agua, tal y como señala el informe de los economistas, la gestión de los servicios de abastecimiento nunca pueden salir de la esfera pública, por lo que el término «remunicipalizaciones» es erróneo porque siempre fueron de titularidad pública. Es por ello que este sistema se regula mediante las reglas del derecho administrativo, es decir, en régimen de servicio público. Así cada gobierno local puede elegir entre un mandato directo sobre el agua o una gestión a través de empresas externas sean públicas, privadas o mixtas.
El informe también desmonta la teoría de que las «remunicipalizaciones» son lo adecuado porque era lo habitual hasta la oleada de privatizaciones. Cabe destacar que aunque el imaginario popular pueda creer que la gestión privada fue una moda importada, hasta la Guerra civil predominaron las empresas privadas en el suministro de agua a los hogares. Fue durante la dictadura franquista cuando las administraciones locales se encargaron de asumir ese protagonismo. Con la democracia, las sociedades particulares volvieron a surgir.
Los economistas piensan que una colaboración público-privada, a través de un concurso público, sería la mejor manera de gestionar los recursos hídricos y mejoraría la eficiencia que las administraciones no pueden alcanzar. Y es que se recomienda que el municipio mantenga la última responsabilidad ya que el suministro en red configura un monopolio natural en España, además de ser un servicio público. A pesar de todo esto, los informes sobre eficiencia entre las distintas formas de gestión indican que la privada es mejor, según el informe, porque en dicho ámbito hay mayor capacidad de control y por las economías de escala que puede alcanzar un operador actuando en varias ciudades, algo que desde la administración local no pueden aprovechar. Asimismo, pueden incurrir en una sobreproducción.
Precio no supera el 2% de la renta
Respecto al precio de las tarifas nacionales, el informe del Consejo General de Economistas marca que la factura no solo no es elevada sino que es «relativamente barata», ya que «en ninguna ciudad se supera el 2% de renta disponible de las familias y en 42 de las 79 poblaciones principales no llega al 1%» y la ONU señala que el 3% es el máximo razonable. Además, el precio unitario de un m³ tras un ciclo integral es un 35,3% más barato que el promedio europeo. Teniendo en cuenta el esfuerzo de cada hogar para pagar el agua en relación a su renta, España con un 29,04% menos que la media europea se situaría tras Italia, un hecho significativo teniendo en cuenta las características climáticas secas de la península.
En una comparativa con otros suministros como la electricidad y el gas con el resto de Europa, los hogares españoles ocupan el tercer escalón en términos de esfuerzo en su renta en ambos servicios tras Dinamarca y Portugal en el sistema eléctrico (28,5% por encima de la media), y Suecia y los lusos en gas con un 20,63% superior a la media.
Aunque parezca que la gestión municipal sea mejor para el medio ambiente por una mayor sensibilidad hacía los recursos naturales, las conclusiones de los economistas revelan estudios donde en las ciudades españolas «hay una penalización más significativa del despilfarro de agua en el modelo de gestión indirecto». Además, también existe el ideario que las privadas perjudican a las familias con menor poder adquisitivo. De las 20 ciudades que fijan un precio más barato para el bloque básico (acceso de volumen esencial a precio razonable), 14 tienen un modelo indirecto, contabilizando a las tres más baratas entre estas poblaciones.
Por último, los economistas remarcan la dificultad del paso privado al público por los problemas legales, técnicos, laborales y restricciones financieras que se darían si se produjera el tránsito, pudiendo suponer un coste importante para las haciendas municipales.
