Ayudas a la vivienda, prestaciones como la renta de inclusión, programas de empleo o el copago sanitario para rentas más bajas no son partidas destinadas a los niños, pero también les afecta. ¿Cómo repercute en los menores este tipo de iniciativas? ¿Qué huella dejan los presupuestos de la Generalitat Valenciana en los más pequeños? Para responder a esta pregunta la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha realizado, por primera vez, un informe sobre el impacto que los presupuestos 2018 tendrán en niños y adolescentes, una población que suma 894.038 personas en la Comunitat Valenciana (el 51,41% niños y el 48,59% niñas). Y es que la ley de presupuestos «reconoce y visualiza» a las personas menores de 18 años como una ciudadanía «de pleno derecho».
En políticas de protección social destaca un aumento notable de un 115% en la partida destinada a la renta garantizada de ciudadanía (o futura renta valenciana de inclusión social) como un instrumento «unificado para combatir las desigualdades y la transmisión generacional del empobrecimiento», ya que uno de los objetivos del Consell es que la pobreza no se transmita de padres a hijos. El impacto económico de la renta de inclusión será, como mínimo, de 7 millones de euros para los menores de familias numerosas, es decir, aquellas familias con una «afectación muy alta». El proyecto estrella de la vicepresidenta del Consell Mónica Oltra supone que cuando un trabajador cobre menos del 80% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI, estipulado en 655 euros), la prestación de la Generalitat completará su sueldo hasta los 655 euros del salario mínimo. Por tanto, todo aquel empleado con sueldo inferior a 524 euros y que cumpla los requisitos establecidos en la norma podrá ver completado su sueldo por parte de la Administración autonómica. Si el empleado tiene hijos, el impacto se duplica.
En la misma línea destaca un aumento en las ayudas de emergencia a las entidades locales que supondrán un impacto de 2,9 millones al haberse incorporado recursos destinados a pobreza energética e infantil. En el mismo sentido, el informe elaborado por el secretario autonómico de Inclusión, Alberto Ibáñez, destaca un incremento en las ayudas directas que reciben las familias acogedoras (tanto para las extensas como para las educadoras) del 59%, lo que supone ingresar cada mes 420 euros en lugar en lugar de 135 euros (si el menor es de su propia familia) o 270 euros (familia educadora). Además, una familia monoparental recibirá 60 euros por cada menor en acogida gracias a la creación de un nuevo módulo.
El informe también recalca el aumento en 12 millones de euros en el presupuesto del Pacto Valenciano contra la Violencia Machista que, entre otras medidas, incorpora la figura del psicólogo infantil en la red de asistencia e incrementa la indemnización del menor si muere la madre en un 1.150%.
En la atención sanitaria se asume el copago farmacéutico de los niños cuya tarjeta SIP esté adscrita a una renta inferior a 18.000 euros y en situación administrativa no regularizada. Esta medida puede beneficiar a 404.647 menores y supone una inversión pública de 8 millones de euros al año. Respecto a la vivienda, el informe destaca medidas como la ampliación del parque público con 10 millones y una línea nueva de 2,6 millones para que pisos de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat pasen de la compra al alquiler y se facilite el acceso a la vivienda, también para los niños.
