La sección tercera de la Audiencia de València ha decidido reabrir la investigación sobre el fraude de la concertada, archivada por el juez de instrucción en agosto, e imputar a los dos jefes de servicio de la Conselleria de Educación que consintieron los hechos.
Los hechos investigados se refieren a los liberados de la patronal de las enseñanzas concertadas que cobraron durante años sueldos con cargo al presupuesto de la Conselleria de Educación. Su salario oscilaba entre los 1.600 y los 1.800 euros mensuales a pesar de que no daban clase ya que trabajaban para la patronal de la enseñanza concertada, la Federación de Centros de la Enseñanza Valenciana (Feceval).
La Abogacía de la Generalitat presentó un recurso contra el archivo provisional acordado el pasado mes de agosto. Y ahora magistrados de la sección tercera -Carlos Climent (presidente y ponente del auto), Carmen Melero y Lamberto Rodríguez dan la razón a los letrados del Consell y ordenan reabrir la causa.
"Se aprecian -argumentan- indicios objetivos de criminalidad derivados del hecho de haber firmado contratos simulados con cinco personas muy vinculadas a Feceval para así permitirles trabajar como empleados de dicha entidad, pero cobrando con cargo al erario público". Unas contrataciones que,a juicio de los magistrados de la sección tercera, "no ha quedado justificado de un modo mínimamente convincente, al menos a nivel indiciario, que esas cinco personas realizaron la actividad laboral explicitada en tales contratos: ´tareas de organización y coordinación de la formación del profesorado".
De hecho, la sección tercera admite los argumentos y documentación aportados a la causa por el letrado de la Generalitat, Miguel Ángel Cervera, en los que se acredita que "una buena parte de la actividad laboral de esas cinco personas se destinaba a atender las necesidades propias de Feceval, pero con cargo al erario público".
La sección tercera de la Audiencia de València también aprecia "indicios de criminalidad" en "quienes estaban al frente del ´Servicio de formación al profesorado´ y del ´Servicio de centros privados concertados y centros privados´" dentro de la Conselleria de Educación entre los años 2009 a 2014. Los magistrados también consideran que estos mismos indicios de criminalidad existían en «quienes eran responsables de Feceval, como José Manuel Boquet».
