El caso Taula sumó ayer un nuevo capítulo rocambolesco a la instrucción que investiga en una pieza separada el presunto pitufeo o blanqueo de capitales en pequeñas cantidades y el supuesto delito electoral cometido por el PP de Valencia en las elecciones de 2007, 2011 y 2015. Cinco abogados de las defensas tenían autorizada una pericial para realizar "un examen técnico de los soportes informáticos originales -CD o DVD- que fueron remitidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil" sobre la grabación a la exconcejala, Maria José Alcón, en la que admite el blanqueo y la "corrupción total" en el PP de València.
El nombre del perito se había mantenido en secreto. Pero al identificarse en el juzgado de instrucción 18 de València saltó la sorpresa. El perito experto en informática forense era Luis Enrique Hellín Moro, un ultraderechista, militante de Fuerza Nueva y miembro del Batallón Vasco Español condenado en 1980 por el asesinato de una joven vasca.
Hellín Moro llegó a examinar el CD en el que está registrada la grabación de Alcón y pudo comprobar la firma digital y la fecha de grabación, según explican a Levante-EMV varias fuentes conocedoras de los hechos. El problema surgió cuando el perito solicitó introducir el disco compacto en un ordenador propio con el argumento de que para acceder a los metadatos (datos informáticos sobre el autor del archivo y su creación) necesitaba analizar el CD con un programa instalado en su propio portátil.
La letrada de la Administración de Justicia, el Fiscal Anticorrupción, el letrado del Ayuntamiento de València (que ejerce la acusación popular) y el de Maria José Alcón, presentes en este momento de la pericial, se negaron en rotundo ante la falta de garantías de que el perito copiara el contenido completo del compacto en su ordenador. El CD contiene las grabaciones completas de las escuchas policiales realizadas a Alcón y el juez quiere preservar informaciones privadas que recogen las llamadas telefónicas privadas. Durante la pericial se llegó a solicitar la presencia de un informático de la Ciutat de la Justicia para intentar descargar, en un ordenador del juzgado de instrucción 18, el programa que quería utilizar el perito. Pero finalmente el magistrado del caso Taula decidió suspender la pericial ante la falta de garantías de que no se accedería a información privada.
Fuentes de las defensas consideraron "normal" que el perito quiera acceder con sus programas y su ordenador para garantizar la fiabilidad de la grabación. También justificaron en "problemas técnicos" la suspensión de la pericial, cuya realización van a solicitar ahora por escrito.
La contratación del perito se planteó hace más de un año. Se lo recomendaron a José Antonio Choclán, abogado de la senadora y exalcaldesa de València, Rita Barberá, que iba a asistirla durante la instrucción de la causa en el Supremo, por su condición de aforada. Su repentina muerte, por una enfermedad hepática, provocó el archivo de la investigación contra ella. Pero su cuñado y abogado personado en la causa, José María Corbín, es el que habría instado a los otros cuatro letrados a su contratación que supera los 10.000 euros, según varias fuentes de las defensas.
Aunque la Fiscalía Anticorrupción va a tomar cartas en el asunto y pretende confirmar la identidad del perito, comprobar sus antecedentes y, si se corrobora oficialmente su participación en el asesinato ultraderechista, solicitará su retirada de la causa y la nulidad de todas sus actuaciones.
