Una práctica pericial suele ser un trámite procesal huérfano de exotismo y del que nada se sabe hasta que no se incorpora a la instrucción de un caso judicial. Pero hay causas y causas. Y el Caso Taula tiene, tenía incluso antes de salir a la luz pública, elementos suficientes para nutrir varias temporadas de la serie de culto, House of Cards, y novela y media del escritor irlandés John Banville cuando se transmuta en Benjamin Black.
El penúltimo episodio de la investigación dirigida por la trinidad que forman el Juzgado de Instrucción 18, la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha alimentado la trama. Un perito debía examinar las horas de grabación del grupo de delitos contra la administración de la UCO en las que Maria José Alcón admite el blanqueo y la «corrupción total» cometidos presuntamente por el partido que la acogió durante años. Los cinco abogados en representación de la veintena de concejales, exdiles y asesores imputados en esta pieza del Caso Taula reclamaban desde el año pasado la práctica de esta pericial y la han solicitado al juzgado en cuatro ocasiones: el 2 de diciembre de 2016, el 11 de abril, el 27 de junio y el 10 de julio. El la aprobó en una providencia de finales de octubre. En todo este tiempo el nombre del perito nunca se había hecho público. Los letrados que han contratado su participación preservaron su identidad. «Prefiere que no salga su nombre hasta el día de la pericial», aseguraron a Levante-EMV varios de ellos. Todos aseguraron desconocer quién se escondía bajo el nombre de Luis Enrique Hellín Moro y su pasado de asesino ultraderechista confeso de Yolanda González por ser vasca y socialista.
El intento del perito de introducir el CD no regrabable en un portátil propio que llevó al juzgado encendió todas las alarmas. El abogado de Maria José Alcón fue el primero en advertir que el perito podía acceder y copiar todo el contenido del CD, con información privada de Alcón que la Guardia Civil ya ha cribado para extraer la información relevante para la causa. Hellín Moro ya había presumido ante los presentes de haber sido monitor de cursos para la Guardia Civil. Todas las alarmas se encendieron y la Fiscalía Anticorrupción buscó referentes del informático forense que presumía de currículum. «A usted le han recusado muchas periciales», aseguran fuentes de las defensas que le espetó -«en tono airado»- el Fiscal Anticorrupción al perito. Aunque le contestó el cuñado de Rita Barberá y abogado de la alter ego de la exalcaldesa y exsecretaria del grupo municipal popular, Mari Carmen García-Fuster. «A usted también le han archivado muchos casos y también estamos aquí». Un intercambio de frases que define el clima en el que se desarrolló la pericial del pasado miércoles.
El juez del Caso Taula también hizo público ayer el auto en el que rechaza el recurso de Alfonso Grau y mantiene la fianza de un millón de euros impuesta al exvicealcalde «atendiendo a las previsiones de posibles responsabilidades pecuaniarias, tanto civil, como penal y costas, a la vista del informe policial».
