La muerte de Jessyca Bravo, la joven de 28 años tiroteada a las puertas de un colegio de Elda cuando iba a recoger a su hijo de tres años, ha sacado de nuevo a la luz las miserias y deficiencias en la lucha contra la lacra de la violencia machista. La víctima había denunciado hasta en tres ocasiones a su maltratador, quien a su vez tenía una orden de alejamiento y ya había cumplido una condena por maltrato en 2016. Incluso éste tenía que acudir al día siguiente a un juicio rápido por quebrantar dicha prohibición de aproximarse a su expareja y madre de su hijo. Todo ello no evitó la tragedia.

El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género urge a implantar medidas de protección más eficaces para velar por las víctimas, como imponer la libertad vigilada a los agresores, actualizar los dispositivos de seguimiento o endurecer las consecuencias de quebrantar una orden de alejamiento. Así lo subrayó la presidenta del Observatorio, la vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Ángeles Carmona tras el último crimen machista de Elda.

El caso concreto de Jessyca «hiela la sangre» porque la víctima había denunciado a su maltratador hasta en tres ocasiones, la última de ellas el pasado día 2 de noviembre. La orden de alejamiento dictada por el Juzgado de Instrucción 3 de Novelda que prohibía a su verdugo acercarse a menos de 300 metros y comunicarse con ella por cualquier medio no evitó que la asaltara armado a las puertas del colegio al que acudía el hijo común de ambos.

"Todos los asesinatos son fallos del sistema, pero cuando una mujer se ha arriesgado a poner el pie en cualquier institución para denunciar su caso, no podemos permitir que muera asesinada", insistió Carmona, a la vez que lamentó que el asesino de Elda no pueda ser condenado, puesto que se suicidó tras perpetrar el crimen. Asimismo, hizo un llamamiento a todas las instituciones implicadas en el pacto de Estado aprobado el pasado 28 de septiembre a que mejoren las redes de protección de la víctima, que pasa por la imposición de la libertad vigilada a los agresores en casos de condena.

Además, la presidenta del Observatorio considera esencial actualizar los dispositivos de seguimiento de los maltratadores porque "están obsoletos", especialmente en las zonas rurales o pequeñas poblaciones.

Y también introducir mecanismos para que los quebrantamientos de una orden de alejamiento tengan "consecuencias más graves", así como que en los tiempos de ejecución de una condena las medidas de alejamiento u otras que se puedan establecer sean inmediatas, aunque la sentencia no sea todavía firme.

Aunque en este caso los protocolos han fallado, Carmona insiste en hacer un llamamiento a todas las víctimas para denunciar "al primer síntoma de maltrato" porque solo así se podrá cortar "esa oleada de violencia que puede degenerar en el asesinato y evitar que los agresores queden impunes".

Por su parte, la directora de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto, cree que "la reiterada denuncia y la escasez de respuesta por parte de la Justicia es una realidad con la que viven muchas de las mujeres que denuncian". Así recuerda que son muchas las víctimas que "conviven con una amenaza similar y que a pesar de buscar una protección, no la encuentran".

Soleto achaca lo ocurrido en Elda y otros casos que podrían acabar con el mismo triste final a la "lentitud de la Justicia", pero sobre todo "al hecho de que se infravalorara el riesgo en el que viven muchas víctimas de la violencia de género".