Mohamed Allal El Bakhti, el presunto yihadista detenido el pasado lunes en su casa de Sagunt y puesto en libertad por la Audiencia Nacional el miércoles nada más ser entregado por la policía al magistrado Santiago Pedraz, ya está de nuevo en un calabozo. Agentes de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de Sagunt lo detuvieron poco antes de las dos de la tarde de ayer justo cuando llegaba a su casa por primera vez después de la detención del lunes.

Mohamed, que continúa imputado por un delito de terrorismo por la Audiencia Nacional y otro de pornografía infantil -le fueron intervenidos archivos durante el registro de su ordenador- por un juzgado de Sagunt, regresó de Madrid el miércoles, nada más quedar libre, pero no fue a su casa, sino a la de un hermano suyo en un municipio de l'Horta Nord.

Ayer por la mañana fue a su domicilio, pero apenas llegó a entrar. En la calle le esperaban los policías de la comisaría de Sagunt, que lo arrestaron por incumplimiento de la Ley de Extranjería, pues se encuentra en España en situación irregular.

La Policía Nacional propondrá ahora por la vía administrativa la expulsión de España de Mohamed Allal, pero lo más probable es que el juez no la conceda, ya que tiene pendientes dos causas judiciales distintas, la de terrorismo en la Audiencia Nacional y la de pornografía infantil en el juzgado de Sagunt al que le corresponda por reparto el asunto una vez llegue esa parte de la causa desde el juzgado de Pedraz.

En el caso de que no tuviera ninguna cuenta pendiente con la Justicia española, podría ser trasladado al CIE de València para su expulsión, en el caso de que ésta pudiera completarse en el plazo establecido (60 días), pero su situación es otra, de manera que lo más probable es que vuelva a quedar libre cuando hoy sea entregado en el juzgado de guardia de Sagunt.

Tal como publicó ayer Levante-EMV, el juez de la Audiencia Nacional dejó libre a Mohamed Allal a petición del fiscal, tras examinar el atestado policial y el resultado del registro en su casa, y juzgar débiles los indicios supuestamente reunidos contra él para poder sustentar un proceso judicial por adoctrinar y reclutar terroristas, como mantiene la policía.