La Conselleria de Hacienda y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) han publicado el segundo número de 'Papers de Finançament', un documento de análisis que recoge que la Generalitat Valenciana destina el 79,8% de sus ingresos no financieros a sanidad, educación y servicios sociales "en detrimento de otras áreas", porque el sistema de financiación autonómico "no proporciona recursos suficientes para prestar los servicios públicos fundamentales".
El análisis concluye que esta situación de insuficiencia "se ve acentuada en la Comunitat Valenciana", que destina a estas áreas seis puntos por encima de la media de las autonomías, "en detrimento de otras como el impulso de la economía, las infraestructuras o la cultura", según ha informado la Generalitat en un comunicado.
Por ello, el informe ve necesario que la futura reforma del sistema de financiación proporcione un nuevo acuerdo sobre "qué volumen de recursos se considera suficiente para garantizar la prestación de servicios del Estado del Bienestar", además de para cubrir las necesidades de gasto de las comunidades autónomas en servicios públicos fundamentales.
En ese sentido, la investigación señala que, durante los años de la crisis, las comunidades autónomas "tuvieron que reducir su gasto real per cápita en sanidad, educación y servicios sociales un 15%". Sin embargo, en el mismo periodo, las administraciones centrales --Gobierno y Seguridad Social-- incrementaron su gasto real por habitante en servicios públicos fundamentales.
En cuanto al gasto per cápita en comparación a otras autonomías, la Comunitat, "pese a ser la tercera que mayor esfuerzo realiza", se encuentra por debajo de la media entre 2009 y 2015. En concreto, gasta un 4% menos que las comunidades de régimen común y un 27% menos que las forales. Según las cifras de la Conselleria, "eso se traduce en 140 euros menos que la media de las autonomías y más de 800 euros por debajo de las comunidades forales".
La secretaria autonómica de Modelo Económico y Financiación, María José Mira, ha destacado que ésta es "una muestra más de que el sistema de financiación es insuficiente". "La brecha entre los ingresos que recibimos para dar cobertura al Estado del Bienestar y el gasto real para satisfacer las necesidades de los valencianos y valencianas en materia de sanidad, educación y dependencia es cada vez mayor", ha recalcado.
También ha señalado que el nuevo sistema de financiación autonómica "debe asegurar la suficiencia para que todos los españoles sean tratados por igual", pero, al mismo tiempo, "garantizar de alguna manera algún Fondo de Reserva del gasto social que permita actuar ante fluctuaciones de la economía que son lógicas".
La segunda entrega de 'Papers de Finançament' desvela que la capacidad de proteger las prestaciones del Estado de Bienestar desde la crisis ha sido "muy desigual" entre administraciones. Las comunidades de régimen común han reducido su gasto real por habitante en sanidad, educación y servicios sociales a una tasa media anual del 1,8%, acumulando ajustes por 11.126 millones entre 2009 y 2015.
De este modo, la reducción acumulada es del 15%, cinco puntos por encima del 10,6% en las comunidades forales. Sin embargo, el informe subraya que, en el mismo periodo, "los entes que componen la Administración central han elevado su gasto en servicios fundamentales per cápita al 1,2% anual, 13.195 millones".
"El argumento de que la causa de la insuficiencia de recursos de las comunidades autónomas se debe a que su gasto es excesivo no encaja con los datos de gasto en servicios públicos fundamentales de las comunidades forales o de los países europeos de similar nivel de renta, ambos muy superiores", recalca el documento.
En el periodo 2009-2015, las diferencias de gasto por habitante de las comunidades autónomas se aproximan a los mil euros per cápita, con las comunidades forales a la cabeza y un promedio per cápita para el periodo que supera los tres mil euros --Navarra, 3.196 euros, y País Vasco, 3.138 euros--, frente a los 2.203 euros de Baleares.
No obstante, las diferencias entre las comunidades de régimen común también son elevadas, superando los 500 euros por habitante: a la cabeza está Cantabria, con 2.786 euros, y Baleares se sitúa por la cola Baleares, con 2.203 euros.
La Comunitat Valenciana, con un gasto per cápita de 2.302 euros se sitúa un 6% por debajo de la media de todas las comunidades y un 4% inferior a la media de las de régimen común, con lo que se posiciona "muy alejada de las comunidades más beneficiadas por ambos sistemas de financiación", señala el documento.
Por todo ello, desde la Conselleria de Hacienda subrayan que "la insuficiencia global de las comunidades se ha traducido en la necesidad de éstas de dedicar un mayor porcentaje de sus recursos a los servicios públicos fundamentales, en detrimento del resto de funciones".
La investigación del IVIE señala como ejemplo que, en 2015, las comunidades tuvieron que dedicar el 73,9% de sus ingresos no financieros a estas funciones, mientras que antes de la crisis el esfuerzo en estos servicios era del 68%.
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