La Conselleria de Agricultura ha notificado esta semana a la Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó la decisión final de recuperar la gestión del embalse del Toscar, ubicado en la localidad alicantina de Monóvar, y que es clave para regular el agua que llega desde el embalse de la Marquesa, en la desembocadura del Júcar.

Esta comunicación vuelve a generar polémica entre los regantes y la Administración valenciana, ya que los primeros decidieron recurrir a los tribunales esta decisión al entender que esta recuperación era en realidad una expropiación, calificada como una «cacicada» por parte de Andrés Martínez, presidente de la Junta Central.

El gabinete jurídico de este organismo estima que el paso dado por el Consell y que arrancó el pasado 14 de marzo es «ilegal», ya que, según los regantes, incumple la Ley de Ordenación y Modernización de las Estructuras Agrarias de la Comunitat, que establece que las obras hidráulicas que hace el Consell deben gestionarlas los usuarios. La reversión del embalse a la Generalitat acarreará, además, unos gastos de 18.000 euros al año de dinero público, ya que hasta ahora el embalse se gestionaba a coste cero por los regantes.

Sin embargo, responsables de la Dirección General del Agua explicaron a Levante-EMV que «esta afirmación es totalmente falsa», ya que existen «tres informes elaborados por la abogacía que demuestran que el embalse es de dominio público porque se pagó con el dinero -5,8 millones de euros- de los contribuyentes», pese a que la Comunidad de Regantes del Medio Vinalopó es la dueña del suelo en el que se ubica el mencionado embalse.

Como explicaron fuentes del órgano directivo que asume las funciones en materia de recursos hídricos, en 2015 el Consell gobernado por el PP con mayoría absoluta decidió «regalar » la gestión de los recursos hídricos del embalse del Toscar a la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, l'Alacantí y Consorcio de Aguas de la Marina Baixa, un procedimiento que según estos responsables «no se hizo de manera transparente».

Asimismo, esta medida efectuada hace más de dos años por el antiguo Consell que encabezaba el exconseller José Císcar se encontró con la oposición de la Comunidad General de Usuarios del Medio Vinalopó, adscrita a la Junta Central, que fue la que cedió los terrenos para la construcción del embalse. De ahí surgió el recurso de reposición ante la propia Generalitat Valenciana reclamando la titularidad. No obstante, al final la Generalitat ha fallado contra todos al asumir la titularidad y entregándolo en régimen de explotación a la empresa Tragsa por un contrato inicial de dos años. El embalse se construyó en unos terrenos próximos al término limítrofe con Salinas para cumplir una histórica reivindicación de los agricultores de la comarca. Además, es el más grande del Vinalopó, con capacidad para almacenar 900.000 metros cúbicos.