«Llevamos décadas de retraso en el [análisis] de los factores humanos en accidentes ferroviarios, a pesar de haber exportado tecnología ferroviaria», aseguraba ayer en las Corts, Pilar Calvo, psicóloga y directora de Investigación y Proyectos en el Instituto de Investigación en Seguridad y Factores Humanos de Gijón.
Calvo sabe de qué habla. Ha intervenido como perita en la causa que investiga el accidente de Angrois, «de grandes similitudes con el de València». Y ayer advirtió que en las investigaciones de accidentes «siempre se culpa al maquinista pero nunca se señala la carga que tenía ese trabajador para cumplir su cometido. Es la empresa quien debe chequear la fatiga de sus trabajadores y prevenirla», advirtió.
Calvo fue la última compareciente en la primera sesión que la comisión de Obras Públicas de las Corts dedica al debate sobre la ley de seguridad ferroviaria aprobada por el Consell que se tramita en las Corts. Calvo hizo una serie de sugerencias a la nueva normativa en tramitación (que entregó por escrito) para que el futuro texto legal incorpore la «identificación y evaluación de riesgos, la investigación de accidentes y el reporte confidencial de riesgos detectados por los trabajadores».
Junto a Calvo intervinieron en la comisión dos maquinistas, uno de los técnicos jurídicos y el ingeniero de caminos que han participado en la redacción del nuevo texto legal. José Javier Bleda [Sindicato español de maquinistas y ayudantes ferroviarios (Semaf)] criticó que «no se garantiza la independencia de la comisión de investigación de accidentes ferroviarios» que creará la nueva ley.
Francisco Latorre (responsable de ferrocarril en Esquerra Unida) reivindicó ante los grupos parlamentarios que «apuesten por un ferrocarril autonómico y de gestión pública porque, tal como está planteada esta ley, ultraliberaliza el sector ferroviario, por lo que estamos en desacuerdo en la política liberalizadora que empezó el PP y que este Consell parece continuar», criticó. Sergio Escrig Maroto (jurista y miembro de la comisión que redactó la ley de seguridad ferroviaria) y Ricardo Insa (ingeniero de caminos y profesor de ferrocarriles en la Politécnica) defendieron la idoneidad de la nueva normativa en tramitación.
Por último, la Fiscalía de Valencia ha recurrido el sobreseimiento de la causa por prevaricación, malversación y falsedad archivada por el Juzgado de Instrucción número 8 abierta contra la exgerente de FGV Marisa Gracia y dos exdirectivos más por el supuesto fraccionamiento de contratos de servicios de seguridad.
