La petición mayoritaria de representantes del profesorado en los sindicatos de enseñanza, y de portavoces de los directores de colegios, para que la Conselleria de Educación actúe de oficio en caso de agresiones a maestros, -a raíz de la bofetada de un padre que tumbó en el suelo sin mediar palabra a un profesor de Alicante-, a consecuencia de la indefensión en la que se encuentra el docente pese a contar con los servicios jurídicos del Consell, ha caído en saco roto.
Desde el departamento que dirige el conseller, Vicent Marzà, pese a afirmar que el cuerpo de «maestros y profesores son parte importantísima de la comunidad educativa», y que desde Educación «la capacidad de reacción hacia estos casos es total», no contemplan actuar de oficio y presentar directamente la denuncia tras ser informados por la víctima o por el director del centro de que se trate.
Para la conselleria, el actual estado de cosas parece suficiente, pese a que no lo ven así ni los propios representantes del profesorado, que aluden precisamente a que todos los medios que se ponen al alcance del agredido por parte de Educación «son insuficientes», como recalca el delegado de UGT, González Zurita, y corroboran desde CC OO, Anpe y CSI.F. Desde el STEPV constatan que siempre recomiendan «que se denuncie toda agresión física, pero la decisión final la tiene la persona», es decir, el docente víctima de la agresión.
Los responsables educativos insisten en que «los docentes cuentan con los servicios jurídicos de la Generalitat en caso de que quieran emprender acciones jurídicas», y añaden que «Educación actúa siempre que se comunican posibles agresiones, tanto si es por parte de un docente directamente o un equipo directivo» cuando informa a la inspección. La diputada de Ciudadanos por Alicante, Marta Martín, ha elevado por su parte al Congreso el número de agresiones a docentes. Martín introduce el dato de las 600 agresiones a docentes para instar al Gobierno de Rajoy a que convoque el Observatorio de Convivencia Estatal.
