Una de las primeras macrocausas por corrupción «made in València», el caso Emarsa, ya tiene acusaciones definitivas y un relato judicial que explica cómo se desviaron 23,5 millones de euros públicos entre 2004 y 2005 en la empresa pública que gestionaba la depuradora de Pinedo.
La Fiscalía provincial de València hizo ayer público el escrito de acusaciones definitivas, que desgranarán a partir del próximo lunes las fiscales Virginia Abad y Ana Palomar. Será el principio del fin de un juicio que ha durado siete meses y que ha sentado en el banquillo de los acusados a 24 imputados.
En el relato definitivo del saqueo, las fiscales han endurecido las penas a los principales cabecillas y han alcanzado un acuerdo con doce arrepentidos, que les permitirá esquivar la prisión.
El expresidente de Emarsa y exalcalde de Manises, Enrique Crespo, es uno de los protagonistas a los que más se le complica el futuro. Las fiscales piden para él 20 años de cárcel, cuando la petición inicial era de 14 años. Una de las claves para este endurecimiento de las penas, que las fiscales detallarán a partir del lunes, es que aplican por duplicado los delitos de los que se acusa a Crespo: prevaricación, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos agravada que, presuntamente, cometió en las decisiones que adoptó al frente de Emarsa y en perjuicio de la Entidad pública de saneamiento de aguas residuales (Epsar).
Al exgerente de Emarsa, Esteban Cuesta, no le han servido de nada sus fallidos intentos de colaborar con la Fiscalía. El ministerio público aumenta de 14 a 24 años de cárcel la pena que solicita para el que fuera exalcalde pedáneo del PP de Benimámet bajo el mandato de Rita Barberá. Cuesta repite los delitos imputados a Crespo (relativos a Emarsa y la Epsar, por eso se agravan) y añade los de cohecho y falsedad en documento mercantil.
Quien sí logra una considerable rebaja de las pena de cárcel por parte de la Fiscalía es el exjefe de explotaciones de la Epsar, Ignacio Bernácer, quien admitió los hechos y devolvió parte del dinero saqueado por lo que la Fiscalía reduce de 14 a tres años y seis meses la petición de cárcel. Su testimonio es clave porque, según el relato del ministerio público, la inyección continua de fondos de la Epsar a Emarsa se hizo gracias al contubernio establecido, supuestamente, entre Crespo, Cuesta, Morenilla y Bernácer.
El exgerente de la Epsar, José Juan Morenilla, que sigue defendiendo su inocencia en todos estos hechos y acusa al resto de presuntos cabecillas de actuar a sus espaldas, también logra reducir la petición de pena del ministerio público de los 14 años de cárcel a diez.
La Epsar (que dependía de la antigua Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte) inyectó 94,5 millones de euros entre 2004 y 2010 y las fiscales sospechan que el 24% de este presupuesto público se desvió de su destino legal. Supestamente para satisfacer la avaricia y el elevado tren de vida de todos los miembros de la trama a costa del erario público.
Las fiscales calculan que los perjuicios causados a Emarsa sólo por "gastos en viajes particulares" ascendieron a 262.934,11 euros; otros 836.613,25 euros se los gastó la trama en "gastos de hostelería, obsequios y similares" y otros 146.400 euros se gastaron en sobresueldos.
Quienes también logran una rebaja considerable de las penas solicitadas por la Fiscalía son los otros once arrepentidos (junto a Bernácer) que han confesado los hechos y han devuelto parte del dinero saqueado o cobrado indebidamente. Entre ellos tres edirigentes populares: Santos Peral Martín (exsecretario general del PP de Patraix) y excontable de Emarsa, que se enfrentaba a seis años de cárcel y que ahora sólo será condenado a nueve meses y un día de prisión, sustituible por multa.
El ex secretario general del PP de Trànsits y exjefe de compras de Emarsa también alcanzó un acuerdo con el ministerio público y, tras admitir los hechos, rebaja de 6 años a nueve meses y un día la prisión, sustituible por una multa de 3.282 euros.
En similares términos será condenado el ex primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Moncada, Luis Botella de las Heras, que esquivará los once meses de cárcel a los que será condenado con el pago de la multa de 3.282 euros, cuando inicialmente se enfrentaba a cuatro años de prisión.
Cuando finalicen en diciembre los alegatos de los 12 acusados que aún defienden su inocencia, el juicio quedará listo para sentencia.
