Aunque la mecánica ya ha sido contada al detalle por Levante-EMV desde que estalló el escándalo en 2010, produce escalofríos leer a lo largo de las 713 páginas del escrito de calificación de las fiscales todo el entramado societario creado para desviar los 23 millones de euros del presupuesto público. La clave estaba en el tratamiento de los lodos y los resíduos que generaba la depuradora: costaban 18 euros por tonelada, pero se facturaba a 42 euros. Una mierda muy rentable para la trama.