La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil atribuye al exministro de Trabajo y expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana un posible delito de tráfico de influencias por mediar en una operación entre el conseguidor de la trama Púnica, Alejandro de Pedro, y la exalcaldesa de Madrid Ana Botella, consistente en la realización de servicios de mejora de la imagen de la exedil por parte de empresas de este informático experto en reputación en la red.

Así consta en un informe incorporado a la causa que instruye el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que concluye que el expresidente valenciano, a instancias del también investigado Antonio Alonso Conesa, medió para que De Pedro presentara su oferta en un encuentro que tuvo lugar en el verano de 2013 en una casa que Ana Botella y José María Aznar poseen en Málaga.

El informe recoge que se acordó inicialmente la cantidad de 60.000 euros para un supuesto plan de medios si bien ante la dificultad de materializar la propuesta, como alternativa para el pago a las empresas de De Pedro, se designó a Madiva -investigada en la trama- como subcontratista en un contrato público municipal. La solución que se barajó por parte de De Pedro para abonar los trabajos reputacionales para Botella consistía en facturar servicios de consultoría al consistorio madrileño o campañas de publicidad en diarios digitales de Madiva, según reza el informe, que precisa que entre la documentación incautada hay escritos sobre las horas de trabajo vinculados con la exregidora.

Al parecer existieron problemas para materializar una primera propuesta de acuerdo dado que el informático no tenía las cabeceras digitales previstas (vinculadas a diversos distritos de la capital), de ahí que se pusiera en marcha un plan alternativo consistente en la inclusión de Madiva como subcontratista de un contrato público del Ayuntamiento de Madrid adjudicado a otra empresa. Por estos hechos, la Guardia Civil imputa a De Pedro un presunto delito de malversación. Igualmente atribuye a Conesa la comisión de un posible delito de tráfico de influencias al haber mediado, en calidad de socio de De Pedro, entre éste y Zaplana para la concreción de la prestación de servicios a Botella en los años en los que fue alcaldesa del ayuntamiento madrileño.

Ayer también se conoció que el juez que investiga la caja B del PP en el caso Bárcenas, José de la Mata, ha citado a declarar como testigos el 18 de diciembre al exministro y expresident de la Generalitat Eduardo Zaplana y al expresidente madrileño Ignacio González, en relación con unos pinchazos del caso Lezo sobre presuntos pagos de comisiones al PP. En estas conversaciones intervenidas, González cuenta a Zaplana que Ildefonso de Miguel "le sacó una grabación a un empresario" diciendo que "le daban pasta a Álvaro Lapuerta y no sé si a Rajoy".

Según el expresidente madrileño, De Miguel le dio esa cinta a Ariza y este "se fue a ver a Mariano a chantajearle». Un abogado del caso Gürtel le dijo después que Bárcenas le había contado que tuvo que negociar con Ariza "y que le soltaron pasta por esa puta cinta, para taparlo todo".

Tras conocer esta citación, el secretario de Análisis Político de Podem, Ferran Martínez, señaló que Zaplana vivó ayer "su particular Black Friday".

Martínez espera que "todos y cada uno de los dirigentes del PP vinculados a casos de corrupción rindan cuentas ante los tribunales por todos sus delitos, tanto los cometidos en Madrid como en Valencia". Y añadió que el exministro "ha sido una figura clave, pionera, del modelo de desarrollo del PP en que mezclaban en un cóctel de dinero fácil el boom inmobiliario con la política de escaparate y la corrupción".