José Luis Mendoza, magistrado juez de Violencia sobre la Mujer en Sueca, es una referencia en la lucha contra la lacra que supone la violencia machista. Durante un tiempo, estuvo en los puestos de cabeza de la lista de maltratadores obligados a llevar una pulsera de control de toda España. ¿Hay salida al maltrato? Se lo piensa un segundo y responde: "Si hay concienciación y sensibilización de la sociedad en su conjunto, dotación de medios, si la víctima no se encuentra aislada cuando denuncia, si tiene apoyo familiar, si los vecinos no miran para otro lado, entonces sí habrá salida".
Es un hombre convencido y sensibilizado como pocos en este terreno. "No es una labor sólo mía. Sería imposible de no tener el equipo que tengo detrás", loa a sus funcionarios. Pero, sobre todo, no sería posible sin su fiel ´escudero´: Agustí Sapinya, el pedagogo y graduado escolar que lleva, desde hace más de 10 años, la oficina municipal de atención a víctimas de violencia de género de Sueca. Forman un tándem que debería ser ejemplo para el resto de juzgados. Tanto, que el juez ha preferido celebrar esta entrevista en comunión con Agustín.
"Él es la persona que acompaña en todo momento a la víctima. El primero que la atiende al llegar y el último que estará con ella cuando finalice el proceso". Pese a ser un referente en la lucha contra la violencia machista -el jueves recibió uno de los galardones de la Diputación de València, un premio que Mendoza considera "de todo el juzgado" y que reivindica como "uno de esos estímulos que deberíamos recibir de vez en cuando para no perder la sensibilidad porque estos juzgados son especialmente duros"-, no puede dedicarse en exclusiva a esta materia.
Como tantos otros juzgados de violencia, es un mixto, por lo que ha de repartir el escaso tiempo entre asuntos penales y civiles, y robarle minutos al reloj para no dejar sin atender a una sola víctima de maltrato. Un par de cifras: el año pasado tuvieron 900 asuntos en su juzgado; este año, acabarán con 1.700. Y la mayoría son de violencia: denuncias nuevas, pero también una multitud de quebrantamientos de órdenes de alejamiento.
Los fallos del sistema
Pulseras electrónicas
"Es un mecanismo muy bueno de protección, lo que genera problemas es su mal funcionamiento", afirma el juez. El pedagogo va más allá: "Aportan mucha seguridad y tranquilidad a las víctimas en un primer momento, pero dan tantos problemas que son muy pocas las que dicen estar satisfechas". La razón es fácil. La mujer lleva un transmisor cuya alarma se activa cada vez que el de su agresor pierde la cobertura -"algo muy frecuente", denuncian ambos- o se queda sin batería -hay algunos que no los cargan a propósito-. "Eso es una penalización para la mujer", afirman, que está en permanente estado de alerta, porque cuando le suena el transmisor, no sabe si el maltratador está a la puerta de su casa o a 2.000 kilómetros y el dispositivo simplemente ha dejado de funcionar.
Mendoza defiende "la renovación cuanto antes de esos dispositivos, que tienen ya 8 años, y su sustitución por otros que no fallen tanto y que permitan detectar cuándo hay realmente peligro". Sabe que son caros y que depende de la aprobación de los presupuestos generales, pero recuerda que "el pacto contra la violencia de género incluye ese apartado".
Expectativas frustradas
Ambos son especialmente críticos con las "expectativas frustradas de la víctima, que son muy altas cuando entra en el juzgado y se ven reducidas a casi nada cuando salen. Se les abre un abismo inmenso, porque se van con una orden de alejamiento, sí, pero con uno, dos o tres niños y sin dinero, porque muchas de ellas ni siquiera han promocionado laboralmente por el aislamiento al que las ha sometido su maltratador hasta que logran reunir la fuerza para denunciar". Tampoco la red asistencial existente parece demasiado eficaz.
El juez remata: "¿Cuántos derechos les nombro yo ne la retahíla que pronuncio tras cada denuncia? ¿Y cuánto se materializan? Ninguno, salvo las ayudas económicas. Hace poco, tuvimos una mujer a la que Agustín ayudó a tramitar la solicitud de la renta activa de inserción, específica para víctimas de violencia. Y se la denegaron alegando que vivía con el agresor. ¡Y resulta que él tenía una pulsera colocada! Es decir, era imposible que vivieran juntos". ¿Conclusión? "En el SEPE ni siquiera debieron leerse el expediente... Le ayudé con la reclamación y enseguida se la reconocieron. Pero ya había pasado mes y medio desde la denuncia...", sentencia Sapinya.
Pocas denuncias de la familia
Mendoza no sólo constata el escaso número de denuncias que llegan del entorno familiar de la víctima. Aporta datos demoledores: "A 3 de cada 10 mujeres que contaron el maltrato en su entorno, la familia les sugirió que dieran una segunda oportunidad al agresor. Y 8 de cada 10 admiten haberlo contado en el seno familiar, pero apenas el uno por ciento de las denuncias provienen de esas personas cercanas a la víctima". Tampoco llegan desde los colegios -"al menos aquí, en nuestro partido judicial", matizan- ni de las consultas de los médicos de Atención Primaria. El juez reivindica que, si los partes médicos fuesen anónimos, habría más facultativos que denunciarían, al no chocar ese acto con el secreto profesional.
Eso sí, en estos años "no hemos tenido ni una denuncia falsa", afirma. Buen dato para los escépticos.
Las claves
Las clavesMenores, la asignatura pendiente
"Tenemos un grave problema de futuro. Los menores están más implicados, pero han normalizado esas malas conductas. En las charlas que damos, los ves entregados, se lo toman como una asignatura, pero no lo interiorizan". La prueba es la estadística, que te dice que 3 de cada 10 chicas ven normal el maltrato, la difusión de fotos o vídeos íntimos -"habrá que ver cómo gestionamos el peligro de las redes sociales y el mal uso de los teléfonos inteligentes", agrega-, los celos o el control personal. las claves, coinciden ambos, son la educación, que ha de cambiar "radicalmente y desde la base" y la prevención, empezando por la publicidad sexista.
Más medios y especialización
El magistrado defiende las unidades integrales de valoración para dar soporte psicológico y de cualquier otro tipo a la víctima en su tránsito judicial, pero también la especialización y formación no sólo del personal judicial, sino también de "los agentes policiales". Considera fundamental que haya abogados especializados "que van a dar soporte y consejo a la víctima en todos los trámites, penales y civiles, lo que les genera mucha confianza".
Y, sobre todo, ruega protocolos claros y específicos que impidan "algunas situaciones diabólicas, como no saber a quién llamar para trasladar a una víctima a declarar o a sus hijos a un centro para pasar la noche". Muchas de esas situaciones se resuelven "pidiendo favores a los mandos de la Guardia Civil, que conceden porque ya me conocen y saben que soy muy pesado. Ahora se ocupa la Policía Autonómica, pero para cuando llegan ha pasado mucho tiempo. Son situaciones delicadas que requieren intervenciones ágiles para que la víctima no se sienta desamparada", concluye.
En unas horas se desplazarán a Simat para mantener un encuentro entre los especialistas en violencia de género de los 14 municipios que forman el partido judicial de Mendoza. El grupo, que por supuesto tiene wasap - "nos comunicamos todo a través del chat", matiza el juez-, tiene un nombre clarificador: Treballant per la Igualtat. Todo un ejemplo.
